El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada desestimó un recurso presentado en mayo pasado por ACOM para frenar una resolución de la Universidad de Granada (UGR) que consideró "discriminatoria contra los judíos".

Se trata de la resolución del 17 de mayo de 2024 por la cual el Consejo de Gobierno de la Universidad, en respuesta a presiones propalestinas, suspendió su colaboración académica y científica con instituciones israelíes y prohibió el movimiento de científicos y profesores, en una u otra dirección, en base a los convenios existentes hasta ese momento. Detrás de la iniciativa estaba la Red Universitaria por Palestina de Granada, que reclamaba una postura institucional frente a un supuesto "genocidio" en Gaza.

La sentencia del juez Rafael Rodero se fundamentó en pronunciamientos internacionales, entre ellos, las declaraciones de la relatora Francesca Albanese, quien en abril de 2024 afirmó que "el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas". El juez no tuvo en cuenta que Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, ha sido acusada de antisemitismo por los gobiernos de EEUU, Francia, Alemania e Israel.

"Alcance limitado"

Además, alude a exigencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) en el sentido de que Israel debía cesar sus operaciones militares en Gaza.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que también fue demandada, informó de que el fallo judicial sostiene que la UGR actuó dentro de su autonomía universitaria, avalada por la legislación vigente y sus estatutos, que priorizan "la cultura para la paz, la no violencia y la cooperación entre pueblos". Para el juez, las sanciones a universidades israelíes  no constituyen "discriminación", sino un alineamiento con el derecho internacional humanitario.

La sentencia también destaca el "limitadísimo efecto de las decisiones adoptadas, su carácter provisional, su motivación en los fines expuestos en relación con la situación de conflicto asimétrico que se ha apreciado por organismos internacionales y la necesidad de tomar algún género de medida para, siquiera sea, intentar tales propósitos, aunque evidentemente con ello no vaya a finalizar la guerra".

Discriminación

La organización de lucha contra el antisemitismo había presentado el recurso el 21 de mayo de 2024, unos días después de que el Consejo de Gobierno de la Universidad decidiera suspender sus relaciones académicas con sus pares israelíes. ACOM consideró que la suspensión de convenios vulneraba "flagrantemente el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocido en la Constitución española". Por el momento, la organización no ha informado si recurrirá la sentencia.

El 19 de junio de 2024, ACOM consiguió la congelación del boicot por la Universidad dentro de un paquete de medidas cautelares. El auto judicial 223/20244 suspendía la ejecutividad del acuerdo adoptado por la Universidad hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso.

Durante los últimos 17 meses, la Universidad de Granada ha sido uno de los principales focos de antisemitismo académico en España, con sucesivas denuncias y quejas públicas por parte de alumnos y profesores judíos que se han sentido acosados. Asimismo, han aparecido incontables pintadas en sus instalaciones contra Israel▪