El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias previas en relación con la querella presentada contra el primer ministro israelí, Binimín Netanyahu, y varios altos mandos militares, por el abordaje del barco Madleen, ocurrido el pasado 8 de junio mientras se dirigía hacia la Franja de Gaza pese al bloqueo militar impuesto por Israel.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto en el que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados, en el marco de un procedimiento habitual tras recibir una querella por presunta infracción penal.
La querella ha sido impulsada por el activista Sergio Toribio, único tripulante español a bordo del Madleen, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. La representación legal corre a cargo de los abogados Jaume Asens, eurodiputado del partido de extrema izquierda Comuns, y Endika Zulueta. Ambos son dos conocidos activistas anti-israelíes.
El escrito, registrado la semana pasada, denuncia al primer ministro Netanyahu; al ministro de Exteriores, Israel Katz; al vicealmirante David Saar Salama y otros altos mandos por delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad, torturas, detención ilegal, trato degradante, violación del derecho a la asistencia humanitaria y actos de piratería o violencia en alta mar. Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal recogido en la legislación española, en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Según el auto judicial, durante el abordaje del Madleen, "se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar". Entre los activistas detenidos se encontraban Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil). Todos ellos fueron detenidos tras el abordaje y llevados a Israel, desde donde fueron posteriormente expulsados.
El texto de la querella sostiene que los detenidos fueron trasladados por la fuerza, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a "intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico", en referencia a las imágenes de la masacre perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas palestinos el 7 de octubre, con el fin de que entendieran a quienes defienden los activistas.
Los demandantes también reclaman que se coopere con la Corte Penal Internacional, que mantiene abierta una investigación sobre la situación en Gaza, y que en mayo pasado, emitió una orden de arresto contra Netanyahu.
Jaume Asens, eurodiputado y abogado en la causa, declaró a medios locales que "la apertura de estas diligencias marca un paso importante en la lucha contra la impunidad". Por su parte, Sandra Barrilaro, portavoz de la Flotilla de la Libertad en España indicó que "navegamos con el derecho internacional de nuestra parte. Atacar una misión humanitaria en aguas internacionales es un crimen grave que debe ser juzgado. La justicia española lanza un mensaje claro: los derechos humanos no se pueden pisotear sin consecuencias".
En su auto, el juez Piña indica que la relación de los hechos presenta "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", motivo por el cual traslada el caso a la Fiscalía para determinar si procede la apertura formal de una causa penal.
El Madleen transportaba un pequeño cargamento de alimentos, medicinas y material médico destinado a la población civil de Gaza, en el marco de una operación simbólica de ayuda humanitaria organizada bajo el paraguas de la Flotilla de la Libertad. Los activistas eran conscientes de que existe un bloqueo militar a la franja para impedir el ingreso de armas ▪
