La Fiscalía General del Estado, encabezada por Álvaro García Ortiz, ha acordado abrir una investigación sobre los supuestos crímenes cometidos en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años en la franja de Gaza, tras la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás.

"Los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", señala el decreto firmado por García Ortiz, según un comunicado.

La investigación recaerá en un equipo conjunto integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Ambos actuarán como coinvestigadores, con la colaboración del fiscal de Sala coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.

Un decreto con alcance internacional

En el documento, García Ortiz concede a Delgado la autorización que había solicitado el 28 de julio para participar en las pesquisas. La exfiscal general presentó su petición tras recibir un informe de la Comisaría General de Información sobre las acciones del Ejército israelí contra la población civil en Gaza, "que podrían ser contrarias al Derecho Internacional".

La legislación española limita la justicia universal a los casos con conexión con España. Sin embargo, el fiscal general considera que concurren los requisitos legales para dar este paso debido a la "especial trascendencia y gravedad de los hechos, así como el número de víctimas hasta el momento". Según datos del Ministerio de Sanidad palestino -o sea la organización terrorista Hamás- 65.062 personas habrían muerto desde el inicio de la ofensiva israelí.

El decreto establece la remisión del informe policial a Alonso, con el fin de abrir diligencias de investigación preprocesal. Dichas diligencias serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante.

Cooperación con la Corte Penal Internacional

Las fuentes jurídicas consultadas subrayan que el objetivo de la Fiscalía es cooperar con el TPI, del mismo modo que ya se hizo con la invasión rusa de Ucrania. "Se trata de recabar material probatorio sobre posibles graves violaciones del derecho internacional por parte del Ejército israelí para poder colaborar con la Corte Penal Internacional", recoge el decreto.

En este sentido, García Ortiz recuerda los procedimientos ya abiertos en la CIJ y en el TPI sobre los posibles crímenes internacionales cometidos por Israel. España no solo es parte de ambos tribunales, sino que, en el caso concreto del impulsado por Sudáfrica en la CIJ, decidió intervenir formalmente el 28 de junio de 2024 en aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio.

Además, el fiscal general subraya que el artículo 96.1 de la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento interno, lo que obliga al Estado a cooperar en investigaciones de esta naturaleza.

"Obligación de colaboración"

El decreto también se refiere al informe publicado por una comisión de Naciones Unidas que califica de "genocidio" lo ocurrido en Gaza, urge a Israel a frenarlo y exhorta a los países miembros a colaborar con las investigaciones.

En esa línea, García Ortiz sostiene que España "ha asumido la obligación de prestar la debida colaboración y canalizar la asistencia que se precise de los órganos competentes para la investigación de las conductas que se están produciendo".

El fiscal general cita expresamente el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto a delitos cuya persecución se impone de forma obligatoria por un tratado vigente para España o por actos de organizaciones internacionales de las que el país forme parte.

Las diligencias estarán bajo supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y su carácter colegiado permitirá la intervención conjunta de Delgado y Alonso, con apoyo de la Fiscalía de Cooperación Internacional. El objetivo es claro: reunir pruebas para trasladarlas al órgano competente en el plano internacional ▪