El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha adjudicado la compra de una veintena de paneles balísticos destinados a la policía portuaria de Santa Cruz de Tenerife a la empresa Guardian Homeland Security S.A., representante en España de algunos de los principales proveedores israelíes de material policial y militar. La operación se produce pese a que los Ministerios del Interior y de Defensa han vetado recientemente a esta compañía en el marco de las restricciones impuestas por el Gobierno a Israel por la guerra de Gaza.
Según el medio Vozpópuli, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife —dependiente de Puertos del Estado— publicó el pasado 15 de octubre la adjudicación del contrato, valorado en apenas 11.556 euros, para el suministro de veinte paneles balísticos antibalas, anti-cuchillo y anti-punzón, así como veinte fundas externas. "Se trata de un contrato menor destinado a reforzar las capacidades de la policía portuaria", señala el medio.
Una empresa con larga trayectoria, ahora vetada por Interior y Defensa
A la licitación solo concurrió Guardian Homeland Security S.A., una compañía con una dilatada presencia en el mercado español. Entre sus servicios figuran la importación y distribución de material policial y militar, suministros para bomberos y emergencias, formación especializada —como centro autorizado por el Ministerio del Interior— y labores de seguridad e inteligencia. La firma ha acumulado numerosos contratos públicos en los últimos años, aunque los más recientes han estado rodeados de polémica por la decisión del Gobierno de rescindir o anular acuerdos vinculados a proveedores israelíes.
El caso más destacado fue el del Ministerio del Interior, que había acordado la adquisición de 15,3 millones de balas para la Guardia Civil por unos 6,6 millones de euros. "Interior anunció su intención de rescindir el contrato", recuerda Vozpópuli, aunque los trámites administrativos y judiciales retrasaron la formalización definitiva.
La decisión se produjo en un contexto político especialmente tenso, con los socios habituales del Gobierno —incluido Sumar, integrante del Ejecutivo de coalición— presionando para cesar todas las relaciones comerciales con Israel, especialmente en el ámbito armamentístico, debido a la guerra de Gaza.
Defensa también frenó un contrato con la misma empresa
El Ministerio de Defensa adoptó una postura similar. Tal y como publicó El Español, el departamento dirigido por Margarita Robles anuló un contrato para adquirir una estructura modular de entrenamiento de tiro destinada a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), en Huesca (Jaca). Al igual que en el caso de Transportes, se trataba de un contrato menor, por importe inferior a 15.000 euros. La anulación llegó de forma inmediata.
Estas decisiones se enmarcan en lo que fuentes del Ministerio describen como un proceso de "desconexión israelí", una línea estratégica que busca eliminar progresivamente la dependencia de tecnología procedente de Israel.
El embargo total de armas y un contrato que llega después
El Gobierno dio un paso más con la aprobación, el pasado 23 de septiembre, de un real decreto ley que establece un embargo total de armas a Israel. "Se prohíben las exportaciones con destino a ese país y las importaciones con origen en él tanto del material de defensa como de los productos y la tecnología de doble uso", señalan fuentes oficiales citadas por Vozpópuli.
Este embargo incluye también cualquier adquisición de material que pueda ser utilizado con fines policiales o militares. Sin embargo, la adjudicación realizada por el Ministerio de Transportes se publicó el 15 de octubre, apenas tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el veto total.
El contrato no vulnera formalmente el real decreto ley —dado que se trata de una compra dentro del mercado español a una empresa registrada en España—, pero sí introduce un elemento de contradicción con la línea general del Ejecutivo, que en los últimos meses ha reforzado su postura crítica hacia Israel y ha impulsado medidas para limitar cualquier cooperación en materia de seguridad o defensa.
Un refuerzo puntual en plena controversia política
El refuerzo de material para la policía portuaria de Santa Cruz de Tenerife se produce, además, en un momento en el que la política de compras públicas vinculadas a proveedores israelíes está bajo un escrutinio especialmente intenso. Guardian Homeland Security S.A., cuya trayectoria en España es conocida y extensa, vuelve así a protagonizar un contrato administrativo después de que las decisiones de Interior y Defensa la situaran en el centro del debate sobre la coherencia de la política gubernamental respecto a Israel.
El Ministerio de Transportes no ha ofrecido, por el momento, explicaciones públicas sobre la adjudicación ni sobre los criterios aplicados, más allá de los detalles consignados en la resolución publicada por la Autoridad Portuaria ▪