El presidente de Banco Sabadell pidió disculpas tras las denuncias de clientes israelíes en España que afirmaron haber sufrido restricciones en sus cuentas y retrasos en transferencias bancarias. El episodio, vinculado a la aplicación de nuevas medidas del Gobiernode Pedro Sánchez, derivó en una aclaración formal dirigida al presidente de Israel y en una revisión interna de los procedimientos de la entidad.

La información fue revelada por el diario Jerusalem Post, que tuvo acceso a una carta enviada por el presidente del banco, Josep Oliu, al presidente de Israel, Itzjak Herzog. En ella, Oliu atribuye el problema a un "malentendido interno de cumplimiento normativo" y subraya el respaldo del banco a las relaciones económicas entre ambos países, según el medio israelí.

Carta al presidente Herzog

En la misiva, fechada el 14 de noviembre de 2025, Oliu afirma que Sabadell apoya "las relaciones tanto de empresas como de individuos entre los ciudadanos de Israel y España". Añade que, en los últimos doce meses, la entidad ha prestado servicios financieros a "más de 2.000 empresas" con vínculos comerciales con Israel, incluyendo transferencias, cartas de crédito y garantías de exportación e importación por un volumen aproximado de 500 millones de euros. Y explica que la confusión surgió tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2025, con el que el Gobierno de Sánchez impuso una serie de sanciones a las relaciones con económicas, comerciales y militares con Israel.

Según la carta, el Banco Sabadell "cambió sus procedimientos" para adaptarse a la normativa, tratando al mismo tiempo de permitir que los clientes mantuvieran "actividades comerciales normales" relacionadas con Israel. Sin embargo, reconoce que la "interpretación inicial" del decreto y su implementación en los sistemas internos pudo generar en la comunidad judía internacional una percepción "lejana a la realidad" de la relación del banco con Israel.

"Tan pronto como se identificó esta situación, los servicios del banco revisaron nuestros procedimientos", escribe Oliu, quien añade que desde entonces no se han recibido nuevas quejas o indicaciones de insatisfacción por parte de clientes con vínculos con Israel. La carta concluye con una disculpa explícita: "Lamento profundamente esta situación", reiterando su apoyo a la continuidad de los lazos económicos entre ambos países.

Controles reforzados y acusaciones de trato desigual

La carta de Oliu se produjo tras la difusión de informaciones en medios israelíes y judíos, así como en redes sociales y grupos comunitarios en España, en las que se denunciaba que clientes israelíes estaban siendo sometidos a un "escrutinio reforzado" después de que Madrid adoptara nuevas medidas calificadas como "urgentes" en relación con Gaza.

Según esos reportes, a algunos clientes israelíes y empresas vinculadas a Israel se les exigió presentar documentación detallada, incluyendo descripciones de transacciones, direcciones, información sobre usuarios finales y declaraciones escritas asegurando que determinados bienes no procedían de asentamientos israelíes. También se informó de transferencias retrasadas o sometidas a aprobaciones de cumplimiento caso por caso, con fondos bloqueados hasta la entrega de documentación adicional.

Uno de los puntos centrales de la controversia es si el decreto español se aplica únicamente a las entidades y supuestos que menciona de forma explícita, o si los bancos pueden extender los controles de riesgo de manera más amplia. El Gobierno español ha explicado que el decreto incluye un "embargo total de armas" a Israel, la prohibición de importar productos procedentes de lo que denomina "asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado", así como restricciones a la publicidad de bienes y servicios originarios de esos asentamientos.

La Agencia Tributaria española ha subrayado que el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2025 se refiere específicamente a la importación aduanera de productos procedentes de asentamientos israelíes, y el lunes publicó en el BOE la lista de códigos postales para su aplicación. Estos incluyen localidades israelíes en la parte este de Jerusalén, en la Meseta del Golán y en Cisjordania.

Pero las entidades financieras, como medida preventiva, suelen diseñar controles de cumplimiento que van más allá de los procedimientos aduaneros estrictos, dice el diario israelí. En la práctica, los bancos aplican marcos de "conozca a su cliente" y evaluaciones de riesgo que pueden derivar en solicitudes adicionales de documentación cuando un gobierno introduce restricciones relacionadas con determinadas geografías, bienes o contrapartes, incluso si la medida original no está concebida como una norma bancaria.

Declaraciones exigidas y contexto político

Los críticos de la actuación del Banco Sabadell sostuvieron que, con independencia de lo que exija el decreto a los importadores españoles, exigir declaraciones adicionales y ralentizar la operativa ordinaria de las cuentas supone una extralimitación. Por el contrario, quienes defendieron la postura del banco argumentaron que las entidades financieras se exponen a riesgos significativos si una transacción es considerada posteriormente como facilitadora de comercio restringido, lo que justificaría la solicitud de mayores garantías documentales.

En ese sentido, la carta de Oliu trata de separar la posición oficial del banco de la experiencia de los clientes durante la fase inicial de aplicación. Al reconocer la posibilidad de una "percepción errónea" y al anunciar procedimientos revisados, el presidente parece admitir que la primera implementación generó un daño reputacional y diplomático, según el Jerusalem Post.

El episodio se inscribe, además, en un contexto de deterioro más amplio de las relaciones entre Israel y España a raíz de la guerra. En septiembre, España prohibió a barcos y aeronaves que transportaran armas a Israel utilizar puertos españoles o sobrevolar su espacio aéreo, una decisión que provocó duras críticas desde Israel. Posteriormente, este diciembre, el Gobierno concedió a Airbus una exención para seguir utilizando tecnología israelí de defensa en sus plantas en España, pese a la orientación general de las restricciones, citando el peso industrial y laboral de la compañía.

Para los ciudadanos y empresas israelíes que operan en España, la cuestión inmediata es si los procedimientos revisados a los que alude Oliu se traducirán en un acceso previsible y no discriminatorio a los servicios bancarios, y qué tipo de documentación se exigirá en adelante para los pagos vinculados a Israel ▪