La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la organización ACOM de lucha contra el antisemitismo se han sumado a las condenas y preocupación por la celebración en la Universidad Complutense de Madrid, este viernes y sábado, del llamado "Tribunal de los pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el estado español", en el que los organizadores pretenden señalar a todo tipo de instituciones y organizaciones -judías y no judías- como parte de lo que llaman "el lobby sionista" y a las que acusan de complicidad con un supuesto "genocidio" en Gaza.
En un comunicado, la FCJE ha manifestado su "profunda preocupación" por este acto autorizado por la Facultad de Políticas y Sociología, y recuerda que el evento —organizado por la Red Universitaria por Palestina con apoyo de organizaciones que en otros países están prohibidas por su vinculación con grupos terroristas— prevé declarar una "sentencia" contra entidades, entre ellas la FCJE, consideradas responsables de dicho "genocidio".
La FCJE advierte que la celebración de un acto que señala y estigmatiza a la comunidad judía puede generar un riesgo real para la seguridad de los judíos españoles. Subraya que desde el 7 de octubre de 2023 las cifras de antisemitismo en España "se han disparado hasta niveles inéditos", y llama a la prudencia: insta a la Universidad Complutense a que adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), organismo del que España forma parte desde 2019.
Repulsa institucional: quienes encendieron la alarma
Las primeras instituciones en condenar este evento fueron la Red Académica contra el Antisemitismo en las Universidades (RAAU) y la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo (CELCA), cuyos comunicados alertan del carácter "abiertamente antisemita" del acto.
La RAAU difundió un comunicado el miércoles en el que expresaba su "más firme rechazo" al acto programado y denunciaba que en él se utilizarán marcos conceptuales como el de "lobby sionista" y participarán colectivos como Samidoun, organización que ya ha sido ilegalizada en Alemania, y otros con historial de hostigamiento a la comunidad judía.
Del mismo modo, la CELCA —a través de una nota pública recogida por Enfoque Judío— advierte de que el "Tribunal Popular contra el Genocidio de Palestina" supone una reactivación de una "inquisición antisemita", "de un tribunal inquisitorial", en el ámbito universitario español.
Estos primeros pronunciamientos institucionales pusieron en el foco la gravedad del evento: no solo por su contenido, sino por su celebración en una universidad pública, con el aval logístico que eso implica.
ACOM exige cancelación y anuncia acciones legales inmediatas
Por su parte, la ACOM – Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ha enviado un requerimiento urgente al Rector de la UCM para que cancele de forma inmediata el denominado "Tribunal de los Pueblos", al considerar que el evento constituye un "simulacro de juicio público" con graves implicaciones: una farsa jurídica destinada a estigmatizar a organizaciones judías y pro-israelíes en España.
Y denuncia que la utilización de instalaciones de una universidad pública para fines propagandísticos antisemitas representa un abuso. ACOM advierte que entre los participantes figuran personas investigadas en España por delitos de odio o enaltecimiento del terrorismo, y organizaciones con vínculos terroristas reconocidos internacionalmente.
En concreto señala a Samidoun —declarada terrorista en varios países— y rechaza la presencia de su coordinadora en España, citada en investigaciones por enaltecimiento del terrorismo. Argumenta que es "previsible" que en el evento se produzcan actos de glorificación del terrorismo e incitación al odio, con agravante antisemita.
Como respuesta, ACOM anuncia que presentará un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelares para paralizar el evento; y reserva la posibilidad de acciones penales por delitos que puedan derivarse de su celebración, incluyendo incitación al odio o colaboración con organizaciones terroristas.
En su comunicado recuerda que ya consiguió la anulación de 88 acuerdos institucionales de adhesión al BDS, 10 de ellos refrendados por tribunales superiores, incluso por el Tribunal Supremo de España. A su juicio, permitir este pseudotribunal en una universidad pública vulnera el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho.
Riesgo de estigmatización y aumento del antisemitismo en España
La preocupación de las cuatro organizaciones no es sólo institucional: apuntan a un problema social más amplio. Como destaca la FCJE, los recientes datos muestran un aumento sin precedentes del antisemitismo en España desde octubre de 2023. En ese contexto, un acto público que señala a organizaciones judías, presentándolas como culpables de "complicidad con genocidio", puede agudizar un clima de hostigamiento y poner en peligro la seguridad de las personas judías.
La utilización de terminología como "lobby sionista" o "colaboradores del genocidio" en un foro público universitario —y con el respaldo logístico de una institución académica de la talla de la Universidad Complutense— plantea riesgos graves, según advierten los denunciantes. No se trataría solo de una manifestación de opinión, sino de una estrategia organizada de demonización y criminalización de colectivos judíos y pro-israelíes.
La RAAU y la CELCA cuestionan directamente que la UCM haya autorizado o permitido este acto. Para ellas, permitir que sus instalaciones se utilicen como escenario de un "tribunal" que emite sentencias simbólicas contra instituciones y personas por su condición judía o por su apoyo a Israel vulnere los principios de convivencia, neutralidad y no discriminación.
La presión institucional —sumada a la alarma social— coloca a la UCM ante una encrucijada: permitir que se celebre el evento bajo su amparo supone avalar un acto de estigmatización, mientras que revocar la autorización cuestiona los criterios de cesión de espacios en entornos universitarios ▪