Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a seis personas por la tramitación presuntamente fraudulenta de la nacionalidad española valiéndose de la emisión de certificados sefardíes, en una investigación que se inició hace varios años y que en mayo condujo a los arrestos de los sospechosos y su posterior puesta en libertad con restricciones para algunos de ellos.
Según informó el cuerpo policial, los integrantes del grupo cobraban entre 6.000 y 8.000 euros por expediente, gestionado al amparo de la Ley 12/2015, que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de sefardíes originarios de España de acuerdo a varios criterios y tipo de certificaciones.
Operativo
Además de las seis detenciones, el operativo culminó con la práctica de cuatro registros domiciliarios en los que se incautaron 1.237 certificados supuestamente falsos, 59.500 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, dispositivos informáticos y documentación relevante. Además, se ha procedido al bloqueo de activos financieros por valor de 3,2 millones de euros y al embargo preventivo de diez inmuebles.
La investigación se inició en marzo de 2021, a raíz de una alerta emitida por la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las autoridades detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes de nacionalidad presentados por ciudadanos extranjeros, que alegaban vínculos con un pasado sefardí, como contempla la normativa vigente desde 2015.
Tras más de tres años de pesquisas y el análisis de miles de expedientes, los investigadores identificaron una estructura con base en la provincia de Málaga y operaciones en todo el territorio nacional. Según el comunicado policial, el grupo concedía certificados de origen sefardí en base a uno de los requisitos clave de la Ley 12/2015: la acreditación de la condición de sefardí.
¿Qué es la acreditación sefardí?
El artículo 1.2 de la Ley de 2015 establece diversas posibilidades para la emisión del certificado de origen sefardí, desde la emitida por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), hasta las de autoridades rabínicas y comunitarias del país de origen –debidamente verificadas-, pasando por la acreditación del uso como idioma familiar del ladino o "jaquetía", y otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad. También, por la partida de nacimiento o "ketubah" (certificado matrimonial) en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.
Finalmente, existen otras dos prescripciones en el artículo 1.2 que son las más pertinentes para el caso de Málaga: acreditación por "Informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español" (criterio f), y "Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España" (criterio g).
La Ley, en su artículo 2.3.b deja en manos de los notarios la correcta acreditación y credibilidad de los documentos presentados: "El notario valorará las pruebas documentales pertinentes de entre las previstas en el artículo 1 y, a la vista de los documentos aportados y de la declaración del requirente, hará constar si se cumplen o no, a su juicio, los requisitos legales".
Y según la Policía, los miembros de la red emitían y presentaban certificados fraudulentos en casos donde, aparentemente, no existía realmente un origen sefardí. El comunicado no precisa la posible implicación de los notarios que dieron credibilidad a la documentación presentada.
Resultados del operativo
El pasado mes de mayo, la Policía puso en marcha un dispositivo simultáneo en diversos puntos de Málaga que condujo a la detención de los principales implicados y desmanteló el entramado logístico y documental del grupo. Las intervenciones se realizaron en los domicilios de los líderes de la red.
Los agentes intervinieron varios dispositivos electrónicos que contenían información relevante para la causa, así como documentación que podría vincular a otros solicitantes o colaboradores.
De forma paralela, se llevó a cabo una investigación patrimonial que derivó en el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos financieros a nombre de los investigados. También se embargaron preventivamente diez propiedades inmobiliarias vinculadas al grupo.
Fisuras en una ley de reparación histórica
La Ley 12/2015 fue promulgada como una medida de reparación histórica hacia los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492, permitiéndoles acceder a la nacionalidad española si demostraban su ascendencia y mantenían una vinculación especial con el país. Entre 2015 y 2021, decenas de miles de personas, especialmente desde América Latina e Israel, iniciaron este proceso.
Sin embargo, y a diferencia de la de Portugal, la Ley en España dejaba abierta la acreditación a todo tipo de procesos documentativos que, según algunos expertos, suponían un problema por dejar abierta la puerta a gestores e instituciones independientes en numerosos países ▪
