La organización española de lucha contra el antisemitismo ACOM anunció hoy que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada, bajo la dirección del juez Rafael Rodero Frías, que ha desestimado su recurso contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, del 17 de mayo de 2024, que suspendía la colaboración con universidades e instituciones israelíes. 

"Ante esta sentencia, que admite recurso, ACOM actuará en consecuencia e interpondrá la apelación, ya que considera la sentencia confusa y basada en decisiones de la ONU ajenas al ordenamiento jurídico español, evidenciando un profundo desconocimiento del derecho internacional público por parte del magistrado", informó la organización en un comunicado.

Asimismo, consideró que "contradice las conclusiones del Ministerio Fiscal, que respaldó la postura de ACOM al señalar una posible vulneración de derechos fundamentales. El ordenamiento jurídico español ha sido claro en otras ocasiones respecto a la discriminación contra los judíos. Que esta sentencia no siga esa línea demuestra que el juez ha cedido ante las presiones de grupos extremistas y violentos en Granada".

En ese sentido, Ángel Mas, presidente de ACOM, se mostró convencido de que eventualmente "ganaremos" el recurso, e insistió en que "no hay duda de que el juez ha cedido a la presión de grupos radicales y ha dictado una resolución que discrimina a los judíos y vulnera la Constitución Española".

Boicot académico

La organización de lucha contra el antisemitismo había presentado el recurso el 21 de mayo de 2024, unos días después de que el Consejo de Gobierno de la Universidad decidiera suspender sus relaciones académicas con sus pares israelíes a raíz de la guerra de Gaza, y en respuesta a demandas de boicot por grupos palestinos o de la izquierda radical. La presión sobre la Universidad se vio intensificada tras numerosas movilizaciones del estudiantado alentadas por la Red Universitaria por Palestina de Granada.

La resolución universitaria suspendió la colaboración científico-técnica y de movilidad de profesorado e investigadores con universidades e instituciones israelíes, a la vez que dejaba congelados varios convenios de cooperación, lo que ACOM consideró que vulneraba "flagrantemente el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocido en la Constitución española".

En base a resoluciones de la ONU y las declaraciones de la relatora Francesca Albanese, acusada de antisemitismo por cuatro gobiernos occidentales, ayer el juez Rodero Frías avaló a la Universidad, al considerar que "la UGR actuó dentro de su autonomía universitaria, avalada por la legislación vigente y sus estatutos, que priorizan ‘la cultura para la paz, la no violencia y la cooperación entre pueblos‘"▪