Hace unos días, este medio de comunicación publicó una noticia con el siguiente titular: "Turistas israelíes expulsados de un restaurante de Vigo por un camarero árabe". En el cuerpo de la noticia se explicaban los hechos y se transcribían las expresiones que se dirigieron a los ciudadanos israelíes grabadas a través de teléfonos móviles y colgadas en X. No voy a entrar a valorar los hechos desde un punto de vista ético ni, por lo que afecta a la titularidad del restaurante, con relación al trato ofrecido a unos clientes. De eso ya se encargarán las reseñas en Google. Sí creo necesario, en cambio, abordar este hecho desde un punto de vista jurídico por sus connotaciones vinculadas al delito de odio de naturaleza antisemita.
El antisemitismo tiene tres vertientes sobre las que desarrollarse y que lo hace diferente al resto de planteamientos fóbicos que se dan en la sociedad. Así como el odio hacia los inmigrantes o el odio hacia el colectivo LGTBIQ+ se centra exclusivamente en aspectos personales, el odio hacia los judíos despliega sus efectos sobre tres criterios: la judeofobia, el negacionismo del Holocausto y el antisionismo.
El hostelero de Vigo expulsa del restaurante a los turistas israelíes, no por ser judíos o por su nacionalidad, sino porque son según él sionistas y, por lo tanto, cree que realiza algo justificado.
Cuando se odia al judío por el hecho de serlo, hay judeofobia; cuando se afirma que durante la Shoá no se exterminaron judíos, hay odio y negacionismo del Holocausto; y cuando se rechaza al Estado de Israel por ser el hogar nacional y común del judío, hay odio y antisionismo. El odio se focaliza en tres elementos, pero se dirige siempre hacia el colectivo judío. Este antisemitismo puede exteriorizarse de dos formas: a través de actos o a través de expresiones (el discurso de odio) que, a su vez, pueden consistir en formulaciones orales, por escrito o, incluso, en dibujos, símbolos o gestos. Sean como sean, el Código Penal tipifica como delito una serie de conductas y una serie de expresiones que por su gravedad merecen de una sanción jurídica impuesta desde el ámbito del derecho penal.
En el video que se ha colgado en redes sociales hay dos aspectos diferenciables. Por un lado, las expresiones vinculadas a la guerra de Gaza y, por otro lado, la expulsión de los turistas israelíes del restaurante. El primer aspecto integra lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -y también el Tribunal Constitucional español- ha considerado como crítica política legítima al tratarse de un tema de interés general que, precisamente por esto, admite expresiones que puedan molestar o herir a la una parte de la población. El camarero mantiene una posición política sobre la guerra de Gaza y sobre las consecuencias que genera sobre la población gazatí que debemos tolerar porque vivimos en una sociedad democrática y plural.
El segundo aspecto es el que, a mi juicio, se puede subsumir en el Código Penal integrando el delito de odio. El hostelero de Vigo expulsa del restaurante a los turistas israelíes, no por ser judíos o por su nacionalidad, sino porque son según él sionistas y, por lo tanto, realiza algo justificado. Y aquí está, bajo mi punto de vista, la comisión del delito y la ignorancia del camarero, ya que el artículo 512 del Código Penal señala como delito precisamente esta forma de proceder. Este camarero tendrá una sentencia condenatoria después de un juicio con todas las garantías porque las pruebas son las que son y, además, están publicada en las redes sociales.
La confusión instalada en nuestra sociedad de que toda crítica a Israel y al sionismo es legítima y que en ningún caso es discurso de odio.
Sin embargo, quiero poner el acento en dos aspectos que creo que son relevantes en relación con la actitud del camarero. En primer lugar, la sensación de impunidad que tienen los antisemitas que creen que pueden campar a sus anchas, difundir discursos de odio contra los judíos y realizar actos discriminatorios contra el colectivo. Por suerte, tenemos un ordenamiento jurídico, ciertamente muy mejorable, pero que puede atajar estas actitudes contrarias a los derechos fundamentales de los integrantes del colectivo judío. Esta sensación de impunidad está provocada por las manifestaciones que realizan algunos políticos contra los judíos en general y por el silencio de otros muchos políticos que prefieren callar públicamente. Aunque no nos guste, el antisemitismo da votos a todo el espectro político.
Y, en segundo lugar, la confusión instalada en nuestra sociedad de que toda crítica a Israel y al sionismo es legítima y que en ningún caso es discurso de odio. De ahí que se crea, por ejemplo, que poner un cartel frente a una sinagoga llamando a la "Intifada global" sea una expresión política amparada por la libertad de expresión. Por eso el camarero no expulsa a los clientes por ser israelíes o judíos. Los expulsa por ser sionistas.
Se puede criticar -cuidado con los matices- al gobierno de Israel, a supPrimer ministro o a la forma de proceder en una guerra. Se puede criticar el sionismo como ideología o se pueden criticar los actos de aplicación de dicha ideología. Pero criticar a Israel como Estado, a sus ciudadanos o, por extensión a los judíos, por lo que hacen sus dirigentes, es antisemitismo en forma de antisionismo. Además, cuando este antisionismo se expresa con incitaciones a la violencia ("Intifada global"), con llamamientos a través de X a la elaboración de listas de personas "sionistas" (es decir, de judíos o amigos de judíos) que vivan en Catalunya, o se expulse a ciudadanos israelíes o judíos por ser "sionistas" de un restaurante, se están cometiendo delitos graves.
No quiero utilizar el argumento fácil de que así empezó el nazismo. Solo quiero animar a todos los judíos a presentarse en comisarías de policía denunciando hechos y actitudes antisemitas y a acudir a los tribunales. Tenemos un ordenamiento jurídico que nos protege, aunque podría protegernos mejor. Utilicémoslo ▪
Carles Grima Camps es abogado y especialista en derecho constitucional. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y autor de diversos estudios sobre libertad de información, discurso de odio e inteligencia artificial.
