La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) anunció la presentación inmediata de una denuncia penal contra Lucía Muñoz Dalda, concejal del Ayuntamiento de Palma y coordinadora autonómica de Podemos Illes Balears, por la formulación pública de expresiones que, a juicio de la entidad, constituyen delitos de odio e incitación a la violencia tipificados en el Código Penal, según un comunicado.

Los hechos que motivan la denuncia se refieren a declaraciones realizadas por Muñoz Dalda en el programa "Invierno Rojo", emitido en el canal de televisión Canal Red. En ese espacio, de acuerdo con capturas y transcripciones difundidas en redes sociales, la edil habría afirmado: "Mis mejores deseos para 2026 es la desaparición del estado de Israel y una Palestina libre del río al mar". El video fue posteriormente compartido en redes sociales desde una cuenta atribuida a la propia Muñoz Dalda.

Canal Red es una plataforma audiovisual fundada y dirigida por Pablo Iglesias Turrión, exvicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y líder de Podemos, que emite en abierto por internet y en TDT desde marzo de 2023. ACOM subraya que las declaraciones fueron vertidas en un espacio televisivo de difusión pública y masiva, lo que, a su entender, incrementa su alcance y gravedad.

En el comunicado, la asociación sostiene que las expresiones denunciadas "aluden explícitamente a la desaparición de un Estado soberano" y que ello implica "una alusión directa a la eliminación de la entidad política e institucional de un pueblo o nación determinada". A su juicio, esta formulación "trasciende la crítica política y entra en el terreno de la incitación a la violencia y al odio", vulnerando principios esenciales del ordenamiento jurídico español.

La base jurídica invocada por ACOM

ACOM fundamenta su denuncia en el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio. Según expone, la conducta denunciada puede encuadrarse en ese precepto, que sanciona a quien, públicamente y por cualquier medio de difusión masiva, promueva, fomente o incite al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por razón de pertenencia a un pueblo, nación u origen nacional, entre otras circunstancias.

En ese sentido, la asociación considera que la referencia a la "desaparición" de un Estado "viola la dignidad de sus miembros y constituye una incitación implícita a la violencia contra el grupo afectado". El comunicado añade que este tipo de manifestaciones no se limita a una opinión política, sino que puede interpretarse como una llamada a eliminar una entidad estatal vinculada a la identidad colectiva de un pueblo.

La denuncia también alude a una agravante de discriminación y a la extensión del delito, al señalar la reiteración y difusión pública de expresiones similares en redes sociales. Para ACOM, esta circunstancia "potencia la gravedad de los hechos y su idoneidad para generar un clima de hostilidad o violencia", elementos que, conforme a la doctrina jurisprudencial citada en el texto, excluyen la cobertura de la libertad de expresión cuando esta degenera en fomento del odio o la violencia.

Dirigido contra un grupo definido por su nacionalidad

La asociación remarca que la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido constitucionalmente, pero subraya que "no es absoluto". En ese marco, sostiene que no ampara manifestaciones que supongan incitación a la violencia, al odio o a la discriminación, "especialmente cuando se dirigen contra un grupo definido por su nacionalidad o identidad colectiva".

Según detalla el comunicado, la denuncia que será presentada ante los órganos judiciales competentes incluye copia de las publicaciones difundidas, referencias a la naturaleza pública y masiva de las declaraciones y la identificación de las normas penales pertinentes. Todo ello, indica ACOM, con el objetivo de que se valore su posible tipificación como delito de odio y/o incitación a la violencia.

Finalmente, la asociación reitera su compromiso con la defensa de la convivencia democrática y su oposición al antisemitismo. En ese contexto, apela al "cumplimiento estricto de las normas penales que protegen contra el discurso que pueda alimentar el odio o la violencia", cerrando el comunicado con un llamamiento a que los tribunales examinen los hechos denunciados conforme al marco legal vigente ▪