El Movimiento contra la Intolerancia (MCI) ha presentado hoy una denuncia por delitos de odio y varios de otra naturaleza a raíz del acoso por redes que está sufriendo la Comunidad Judía de Asturias y su presidenta, Aída Oceransky. Según la organización, se trata de hechos "presuntamente antisemitas" que configuran "una campaña, articulada o espontánea, que tiene, mediáticamente, alcance nacional". La denuncia fue presentada ante la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado mediante un informe detallado de los acontecimientos.
El MCI señala que todo comenzó el 29 de julio de 2025, cuando el diario asturiano Nortes publicó un artículo titulado La presidenta de la Comunidad Judía niega en sus redes sociales la hambruna de Gaza, en el que se aludía a Oceransky por difundir en X lo que el medio calificó como "un vídeo cargado de bulos", en el que afirmaba: "No, en Gaza no se muere de hambre: aquí está la prueba en menos de 60 segundos".
Según la denuncia, el texto del artículo "tergiversa los hechos, manipula las imágenes y demoniza a la presidenta y a la Comunidad Judía de Asturias", dañando "su integridad moral y la dignidad de las personas de la comunidad, muchas relacionadas con supervivientes del Holocausto", y "abriendo un proceso de acusaciones y de odio no visto con anterioridad en Asturias".
Una ola de hostigamiento en redes y medios
La difusión del artículo no se limitó a la web de Nortes, sino que, según el MCI, se extendió a Facebook, X y otras redes, provocando una "importante difusión y agitación social antisemita". En ese clima, surgieron llamadas a manifestarse frente a la sinagoga, insultos y acusaciones de "complicidad de genocidio", entre otras imputaciones.
Para la organización denunciante, lo que era "un libre ejercicio de opinión de Aída Oceransky sobre imágenes que confirman el New York Times, la BBC y otros, que reconocen la publicación de fotos falsas de niños con enfermedades genéticas en sus portadas y por la que se pueden enfrentar a demandas millonarias, se transforma en una campaña de acoso y hostilidad hacia la Comunidad Judía de Asturias y su presidenta".
El MCI añade que la agitación también se alimentó desde perfiles ubicados fuera de Asturias, "con mensajes que incluyen señalamiento profesional y de domicilio social, incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación e incluso a la violencia", así como "ofensas religiosas por su condición judía, creación de un clima de linchamiento y banalización del Holocausto judío".
En plena ola de tensión, el digital Nortes volvió a publicar sobre el caso, con el titular: La presidenta de la Comunidad Judía asturiana desata la tormenta con su negación del genocidio palestino. Según la denuncia, el nuevo artículo "culpabiliza a la presidenta de la Comunidad Judía", quien había optado por "permanecer en silencio sin responder a las provocaciones e infamias".
Reacciones políticas y acusaciones adicionales
Paralelamente, en ese contexto de "agitación antisemita", un concejal del PSOE de Oviedo solicitó revisar la cesión de La Casina del Fontán a la Comunidad Judía de Asturias, inmueble donde se encuentra la sinagoga Beit Emuná y su centro cultural desde finales de los noventa.
La petición se acompañó de una nota de prensa que, según el MCI, "incluye graves acusaciones" como "vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación" y "justificar actos violentos o contrarios a los derechos humanos", además de acusar a la presidenta de "haber defendido públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza" y de "negar la existencia de una situación de hambruna".
Para el Movimiento contra la Intolerancia, esa nota "falta a la verdad, recoge graves acusaciones de comisión de delitos" y "propone una revisión de los acuerdos con el Ayuntamiento sobre el uso del espacio público que puede interpretarse como presunta represalia discriminatoria que vulnera la libertad de opinión".
La denuncia también subraya que "no hay ningún veredicto emitido por el Tribunal Penal Internacional sobre genocidio" y que, aunque existen informes y declaraciones que afirman o niegan la existencia de una hambruna, "no existe ningún pronunciamiento judicial definiendo la situación al respecto". Por ello, sostiene que las declaraciones de Oceransky deben valorarse "en términos opinativos" y que la campaña contra ella constituye "una vulneración de la libertad de expresión y de opinión y un intento de suspensión de libertades y derechos fundamentales".
Apoyos, marco legal y consecuencias para la comunidad
El MCI recuerda que la Federación de Comunidades Judías en España y otras entidades han mostrado su solidaridad con la comunidad asturiana, y que los hechos encajan en la definición de antisemitismo recogida por la Declaración de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), asumida por España. La denuncia cita además tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución española y jurisprudencia nacional e internacional que avala su posición.
En palabras del Movimiento contra la Intolerancia, "el conjunto de hechos denunciados […] son una auténtica campaña antisemita que está afectando gravemente a nivel personal y familiar a la presidenta de la comunidad y al conjunto de la Comunidad Judía de Asturias, dañando su integridad moral y dignidad humana, vividos como un linchamiento por ejercer la libre opinión, [y] generan una inquietante inseguridad y zozobra que alcanza incluso a la continuidad de la sinagoga y su centro cultural en Oviedo".
La denuncia concluye que "los hechos antisemitas que presentamos en modo alguno pueden ser amparados por la libertad de expresión, cuando en sí mismos suspenden libertades y derechos fundamentales de la persona y la comunidad a la que pertenece" ▪
