David Benatar, doctorando especializado en antisemitismo, es una de las voces jóvenes más activas en España en el estudio de este fenómeno en el ámbito universitario. Ha participado en iniciativas europeas de monitoreo y en la elaboración del Informe 2024 de la Red Académica contra el Antisemitismo (RACA) en las universidades, primer documento que sistematiza casos y patrones en los campus españoles. Su trabajo combina investigación y apoyo directo a estudiantes y profesores que han sufrido discriminación o presión identitaria.
Benatar participó el 19 y 20 de noviembre en la Conferencia Internacional de Alcaldes contra el Antisemitismo, organizada por la Combat Antisemitism Movement (CAM) en París. Formó parte de un panel sobre antisemitismo en las universidades europeas junto a responsables franceses y líderes estudiantiles. El objetivo era mostrar a alcaldes de distintos países la magnitud del problema, compartir experiencias comparadas y ofrecer líneas de actuación trasladables al ámbito municipal y nacional.
En esta entrevista, Benatar repasa lo debatido en París y explica por qué en España la presión identitaria sobre los estudiantes judíos suele surgir de las propias instituciones académicas. También detalla los avances de la RACA, la necesidad de actuar de forma continua —no solo en momentos de crisis— y la importancia de que la sociedad asuma que el antisemitismo no es un problema exclusivo de la comunidad judía, sino un desafío para la salud democrática en su conjunto.
— ¿Cómo fue la Conferencia de Alcaldes contra el Antisemitismo y, en particular, el panel sobre universidades en el que participó?
El panel se centró en cómo están respondiendo las universidades al antisemitismo. El objetivo era que los alcaldes entendieran la situación en los campus y pudieran desarrollar políticas propias: por su cercanía a la ciudadanía, la escala municipal puede reaccionar con más sensibilidad que otras administraciones.
Participaron también Yossef Murciano, presidente de la Unión Francesa de Jóvenes Estudiantes Judíos; Hanna Veiler, presidenta de la EUJS; el senador Pierre-Antoine Lévi, encargado de combatir el antisemitismo en las universidades francesas; y Marie-Christine Lemardeley, responsable del mismo ámbito en el Ayuntamiento de París.
Como representante de la FEJJE, expliqué que el antisemitismo varía mucho según el contexto europeo y que también difiere el nivel organizativo de las comunidades judías en cada país.
— ¿Qué puede aportar España en estos espacios?
Estaba rodeado de representantes europeos con estructuras y recursos muy superiores a los españoles. Francia, por ejemplo, tiene comunidades más grandes, instituciones mucho más desarrolladas y actores que trabajan dentro de la política nacional para combatir el antisemitismo.
En España eso no ocurre. Aquí no existe una oficina universitaria contra el antisemitismo ni un plan estratégico específico para la vida académica. Hay un plan nacional, pero su aplicación real está por ver.
Por eso, el papel de España ahora mismo debe ser principalmente observar y aprender. Aun así, expliqué el trabajo de la Red Académica contra el Antisemitismo y el informe que publicamos sobre la situación en los campus españoles.
— ¿En qué se diferencia el antisemitismo universitario en España del que vemos en otros países europeos?
En muchos países, los incidentes provienen de grupos externos o de individuos concretos con vínculos puntuales con la universidad. En España, en cambio, es la propia institución la que —directa o indirectamente— ha fomentado prácticas discriminatorias.
A esto se suma otro factor: ante la falta de respuesta institucional, la víctima no solo soporta la agresión, sino que además siente que debe hacerse cargo de combatir el problema. Esa doble carga es profundamente dañina.
Mi mensaje fue claro: la responsabilidad debe socializarse. El antisemitismo no es un problema de la comunidad judía, sino de la sociedad.
— ¿España aún no ha asumido el antisemitismo como un problema social y no comunitario?
La brecha con otros países es evidente. En España no hemos visto atentados mortales como en Francia o Inglaterra, y eso influye en la conciencia pública. También influye el tamaño y el peso histórico de las comunidades judías: allí son más grandes y más visibles, lo que favorece la reacción social.
En nuestro caso, ahora toca observar, aprender y comenzar a construir estructuras que en otros países llevan décadas funcionando.
— En España el número de estudiantes judíos es muy reducido. ¿De qué tipo de antisemitismo hablamos entonces? ¿Merece la pena combatirlo o es algo pasajero vinculado al conflicto en Gaza?
Sí merece la pena combatirlo. Uno de los fallos habituales es actuar solo cuando el antisemitismo se vuelve visible y mediático. Pero la lucha debe mantenerse precisamente cuando la tensión baja: es entonces cuando hay más espacio para proponer ideas, explicar conceptos y generar alianzas.
Los dos últimos años han sido muy difíciles para hablar del tema. Si ahora hay una relativa calma, debemos seguir trabajando. No podemos ser únicamente reactivos, porque eso hace que la sociedad vea el antisemitismo como un problema ajeno.
Además, se han consolidado patrones —boicots, exclusiones, silenciamientos— que podrían reactivarse con cualquier estallido en Oriente Medio. Por eso es fundamental la continuidad.
— ¿Una acción preventiva, entonces? ¿Aprovechar los momentos de calma para reforzar conceptos como antisemitismo o antisionismo?
Totalmente. La ruptura casi automática de relaciones con universidades israelíes en los últimos dos años ha sido dañina a nivel académico y a nivel simbólico: refuerza la idea de que Israel es un bloque uniforme, cuando dentro de sus campus hay voces muy diversas, muchas incluso críticas con su propio gobierno.
Además, se han silenciado espacios donde podrían haberse explicado mejor estos matices. Israelíes —profesores y estudiantes— que querían participar en debates en España fueron excluidos, incluso cuando sus temas no tenían nada que ver con el conflicto.
Si ahora existe una pequeña ventana de apertura, hay que aprovecharla para reconstruir un debate plural y mostrar que la sociedad israelí es compleja y diversa, y que el antisemitismo vivido desde el 7 de octubre ha sido extremadamente perjudicial.
— En París participaron expertos de distintos ámbitos. ¿Qué conclusiones se extrajeron sobre educación y juventud?
La idea general fue que no existe una sola vía de acción. Los juristas recordaban que la ley no basta; los educadores señalaban que la educación tampoco puede cargar con todo; y los políticos admitían que la política por sí sola es insuficiente.
La respuesta debe ser transversal: comprender qué es el antisemitismo, qué es el sionismo, cómo afectan ambos a las comunidades y cómo se integra ese conocimiento desde el nivel local hasta el estatal e internacional.
La conclusión central fue que hace falta un consenso interinstitucional: universidades, colegios, medios, legisladores y sociedad civil deben trabajar coordinados.
— Para quien no conoce lo ocurrido en las universidades españolas, ¿cómo se ha manifestado este fenómeno?
No ha habido violencia física, pero sí un impacto identitario muy fuerte. Muchos estudiantes judíos han optado por "desaparecer": no expresar su identidad, no llevar símbolos, no mencionarlo para evitar ser examinados como "judíos buenos" o "judíos malos".
La vigilancia identitaria ha sido intensa. Y estar expuesto constantemente a comunicados, campañas o mensajes ideologizados enviados desde la propia universidad —incluso en exámenes o correos oficiales— genera una presión enorme.
El resultado ha sido un retraimiento identitario: comunidades judías que se han cerrado o han optado por invisibilizarse dentro del campus.
— La Red Académica contra el Antisemitismo nació en 2024. ¿Qué habéis hecho desde entonces?
Nos centramos en elaborar el Informe 2024, un trabajo complejo porque la recopilación de casos proviene en su mayoría de miembros de la propia Red. No pretende ser exhaustivo, sino un muestrario de los espacios donde tenemos presencia.
Además, contamos con un equipo jurídico que asesora en incidentes para determinar qué es denunciable. También hemos enviado cartas a rectores, apoyado iniciativas, organizado charlas y trabajado para hacernos visibles en distintos campus. Y hemos activado las redes sociales para difundir información y reclutar a más profesores e investigadores.
— ¿Colaboráis con las comunidades judías locales? ¿Se habló en París de esa necesidad?
Hoy estamos presentes en 32 universidades españolas, la mayoría públicas. La Red no puede detenerse por el alto el fuego: el trabajo debe continuar.
En España las comunidades religiosas tienen un peso político limitado, mucho menor que en países como Francia o Alemania. Esto se debe tanto al tamaño de la comunidad como a la casi inexistencia histórica de políticas de memoria relacionadas con el antisemitismo.
En París se insistió en la importancia de estar presentes en los espacios políticos, pero la realidad es la que es: nuestra influencia institucional es reducida. Por eso debemos generar alianzas, simpatía y empatía en otros actores sociales. Si no logramos socializar el problema, nuestra capacidad de incidencia será siempre escasa.
— ¿El antisemitismo afecta también a quienes no son judíos?
Sin duda. La polarización que hemos visto en las universidades no afecta solo a los judíos. El antisemitismo empieza con nosotros, pero nunca termina con nosotros.
Es un fenómeno que degrada el clima democrático y normaliza prácticas que luego se extienden a otros colectivos.
El reto es que la sociedad lo perciba como un problema propio. Pero eso exige continuidad: no podemos aparecer solo cuando hay un incidente evidente.
— Parte de la confusión en España proviene de la definición misma de antisemitismo, y la permisibilidad a la hora de atacar a Israel, un antisionismo sin límites…
España adoptó en 2020 la definición de la IHRA. Puede ser discutible —como cualquier definición—, pero es la que respalda el Estado y sirve como marco para el plan estratégico de 2023.
Para hacer investigación rigurosa, uno necesita un criterio legítimo y reconocido. A nivel estatal, ese criterio es la IHRA. Que parte del gobierno no la aplique o que parte de la sociedad la desconozca no invalida su uso analítico.
Si tiene problemas, deben debatirse, pero 30 Estados la han adoptado. Es el marco institucional disponible, y debemos trabajar con él ▪