La policía belga llevó a cabo hoy una redada en el domicilio de dos mohalim (circuncidadores) en Amberes y confiscó sus equipos dentro de una investigación por una denuncia presentada en 2023 por otro rabino del país.
Uno de los afectados es el rabino Aharon Eckstein, considerado uno de los mohalim más experimentados de Bélgica, y quien contó que la policía llegó a su casa alrededor de las 5 de la mañana, revisó el lugar y se llevó sus equipos sin darle explicaciones. Eckstein aclaró que no se le ha prohibido oficialmente seguir ejerciendo su labor y que piensa continuar con las circuncisiones.
El rabino Menachem Margolin, presidente de la Asociación Judía Europea (EJA), aseguró en declaraciones a la emisora israelí Reshet Bet que se trata de dos redadas y que la situación es inaceptable.
"Lo que ha ocurrido es una conmoción, un shock. La Policía belga hizo sendas redadas en casas de mohalim en Amberes y les pidió información sobre las circuncisiones que han llevado a cabo en el último año y le pidieron sus equipos. Nos recuerdan regímenes oscuros que a lo largo de la historia han combatido contra el judaísmo", afirmó.
La denuncia fue presentada por el rabino Moshe Arié Friedman, contra seis mohalim locales por supuestamente poner en peligro la salud de los niños durante la práctica del brit milá, la circuncisión de los varones a los ocho días. Friedman se quejó de la controvertida práctica de "Metzitzá BaPeh", una técnica utilizada por algunos circuncidadores ultraortodoxos y que consiste en succionar la sangre de la herida con la boca, lo que ha conducido en algunos casos muy esporádicos a infecciones.
Margolin explicó que, precisamente en Bélgica, aunque es generalizado en Europa, hay numerosos debates sobre prácticas tradicionales que se consideran obsoletas o que atentan contra los derechos de niños, animales etc. Y afirmó que estas redadas representan una "línea roja" que se suma a otras restricciones recientes, como la prohibición de la shejitá, el sacrificio ritual de animales para que sean kosher, vetado en Bélgica y otros países europeos.
El incidente refleja la creciente tensión entre las autoridades europeas y las comunidades religiosas respecto a la libertad de culto y sus límites en el contexto de las normas estatales ▪