La Red Académica contra el Antisemitismo en las Universidades expresó su "más firme rechazo" a la celebración en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del acto titulado "Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español", previsto para los próximos viernes y sábado.
En un comunicado, la Red advierte que en esta actividad "se presentarán materiales que emplean terminología y marcos conceptuales de carácter abiertamente antisemita", incluyendo la noción de "lobby sionista", y que en ella participan colectivos como Masar Badil y Samidoun, señalados por difundir "narrativas hostiles hacia la comunidad judía".
Según el comunicado, la organización considera especialmente grave la participación de Samidoun, ilegalizada en Alemania desde noviembre de 2023 por el Ministerio del Interior de ese país, que concluyó que la entidad "promueve o apoya el uso de la violencia como instrumento para alcanzar sus objetivos políticos" y que celebra actos terroristas, "en concreto tras los ataques del 7 de octubre de 2023".
Se trata de "un espectáculo pseudojudicial" de grupos antiisraelíes, y antisemitas según la declaración de la IHRA, que han afianzado su control de los campus universitarios españoles estos últimos años. Entre los ponentes hay conocidos activistas palestinos, de extrema izquierda y hasta una judía antisionista, todos ellos con una trayectoria bien conocida y expuesta en sus redes.
La iniciativa, organizada por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de dicha universidad, ha generado preocupación entre organizaciones judías, académicos y expertos en radicalización, y grupos de lucha contra el antisemitismo, que advierten sobre la existencia de un mecanismo de señalamiento político de corte antisemita que, de facto, les pone "una marca en la espalda".
"Compromete los deberes de protección del campus"
La Red subraya que muchos de los contenidos difundidos por estos colectivos son "incompatibles con el orden público" y están accesibles públicamente. Lejos de tratarse de simples opiniones políticas, advierten, tales mensajes "configuran un discurso de odio estructural, con riesgo real de radicalización y violencia". En este sentido, consideran "especialmente grave" que un acto de estas características haya recibido autorización institucional.
El comunicado denuncia que, mientras este tipo de iniciativas se permiten sin objeciones, actividades centradas en el estudio del antisemitismo, la prevención del odio o el fomento del diálogo entre israelíes y palestinos han enfrentado restricciones. Esta disparidad constituiría, según la Red, "una vulneración del principio de neutralidad institucional" y compromete los deberes de protección del campus establecidos para las universidades públicas.
"Una preocupante apariencia de complicidad institucional"
El texto advierte de que actos como este no solo representan una falta de ética académica y difusión de contenidos "de naturaleza profundamente antisemita", sino también "una preocupante apariencia de complicidad institucional por parte de quienes autorizan su celebración sin un análisis adecuado de sus implicaciones sociales, reputacionales y jurídicas".
Asimismo, la Red, creada en 2024 a raíz de las manifestaciones pro-palestinas en los campus universitarios, señala el riesgo de que los contenidos del evento puedan situarse "en los márgenes de la legalidad vigente", especialmente en relación con la prohibición de discursos que fomenten el odio o la discriminación contra colectivos protegidos.
El comunicado recuerda que el Código Penal español tipifica estas conductas. En concreto, menciona:
— "La incitación pública al odio, hostilidad o discriminación (art. 510 CP)".
— "La promoción o difusión de ideas o mensajes que promuevan el odio contra grupos religiosos o étnicos, igualmente recogida en el art. 510 CP".
Aunque la Red matiza que no le corresponde determinar responsabilidades penales, afirma que sí es su obligación "señalar la posible colisión entre la celebración del acto y los límites legales marcados por la normativa vigente", límites que las universidades públicas "están obligadas a respetar y hacer respetar".
Llamamiento a la UCM para revisar sus protocolos
La organización académica dirige tres solicitudes explícitas a la Universidad Complutense. En primer lugar, una revisión inmediata de los criterios de autorización de actos y actividades, con el fin de garantizar que no se legitimen discursos discriminatorios ni contenidos que puedan incurrir en incitación al odio.
En segundo término, reclaman la adopción de protocolos claros y efectivos que aseguren el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad, no discriminación y protección frente al antisemitismo.
Por último, piden el recordatorio expreso de que "la libertad académica y de expresión no puede amparar narrativas que estigmatizan, deshumanizan o señalan a una minoría religiosa, ni justificar la difusión institucional de discursos potencialmente contrarios al ordenamiento jurídico".
La Red concluye que la autorización de un acto promovido por estas organizaciones en una universidad pública "no solo representa un grave problema ético y moral", sino que además "arroja serias dudas sobre la responsabilidad institucional de quien lo permite" ▪