La Universidad Complutense de Madrid acogerá este viernes y sábado un autoproclamado "Tribunal Popular Contra el Genocidio de Palestina (TPCGP-25)" que busca señalar a elementos de la sociedad española que han colaborado con un supuesto "genocidio" en Gaza, y entre ellos a grupos, empresas e instituciones judías y de lucha contra el antisemitismo.
La iniciativa, organizada por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de dicha universidad, ha generado preocupación entre organizaciones judías, académicos y expertos en radicalización, y grupos de lucha contra el antisemitismo, que advierten sobre la existencia de un mecanismo de señalamiento político de corte antisemita que, de facto, le pone "una marca en la espalda".
Se trata, dijo a Enfoque Judío una fuente consultada, de "un espectáculo pseudojudicial cuyo veredicto está decidido antes de empezar" y cuyo objetivo no es debatir ni aportar pruebas, sino "fabricar una narrativa que presente a instituciones judías como actores represivos o cómplices de crímenes".
"No buscan debatir, buscan condenar y señalar", añadió con preocupación.
En su página web, el llamado TPCGP-25 se presenta como un "tribunal de opinión" destinado a exponer supuestas complicidades del Estado español, empresas e instituciones con crímenes cometidos por Israel. A diferencia de un tribunal judicial, no existe procedimiento legal ni posibilidad de defensa. La estructura incluye "mesas" temáticas que analizan sectores como banca, educación, cultura y, especialmente, la denominada Mesa 7: Represión, apoyo diplomático y lobby sionista, que señala a diversas organizaciones judías en España, entre ellas a la misma Federación de Comunidades Judías de España y la Fundación HispanoJudía; así como a grupos de combate del antisemitismo como MCI y ACOM.
Riesgo inmediato de señalamiento y radicalización
Pero el efecto del tribunal va más allá de lo simbólico. "El mero señalamiento convierte a personas y organizaciones judías en objetivos de grupos extremadamente radicalizados", alerta la fuente. Esto se produce aunque el acto no tenga valor jurídico: la simple visibilidad de un grupo o individuo en la Mesa 7 lo convierte en blanco de campañas de presión, escarnio público y hostilidad ideológica.
Analistas que siguen de cerca el TPCGP-25 señalan que participan colectivos vinculados a Masar Badil, Samidoun y otras plataformas radicales. Estas organizaciones han sido previamente identificadas por su militancia extrema y, en algunos casos, por actividades ilegales en distintos países europeos. La dinámica de señalamiento, combinada con la difusión en redes sociales, crea lo que expertos en radicalización denominan un "entorno de riesgo reputacional y social".
Según la Red Académica contra el Antisemitismo, en este acto "se presentarán materiales que emplean terminología y marcos conceptuales de carácter abiertamente antisemita", como el difundido bajo la noción de "lobby sionista", un concepto a menudo utilizado para fomentar la idea de los judíos controlan el mundo.
Los ponentes son todos conocidos activistas de la izquierda más extrema, y entre ellos figura hasta una judía que se declara antisionista.
Un ecosistema que legitima el antisemitismo disfrazado de antisionismo
Según las fuentes consultadas, el TPCGP-25 se inserta "en un entramado más amplio que conecta organizaciones activistas con sectores políticos en España, incluyendo Podemos, Sumar, Bildu, BNG, CUP y Compromís" y "es un espacio donde el antisemitismo se camufla de antisionismo para normalizar discursos que, hace pocos años, habrían sido inaceptables en la vida pública española".
Incluso actores políticos que no participan directamente proporcionan cobertura indirecta al permitir que estas iniciativas se desarrollen sin cuestionamientos públicos. La fuente añade: "Cuando se declara públicamente que una organización judía es cómplice de genocidio, siempre aparece quien quiere pasar de las palabras a los hechos", indicaron.
La Complutense: un escenario que otorga legitimidad
El hecho de que el tribunal se celebre en la Universidad Complutense, usando su salón de actos y su nombre, ha generado un debate sobre la responsabilidad institucional. "El prestigio académico se utiliza como decorado para un proceso carente de rigor, lo que amplifica el efecto de legitimación", explica una de las fuentes.
Para diversas organizaciones judías y académicas, permitir que este tipo de actos se celebren en espacios universitarios representa un precedente peligroso. "No hablamos de un local alquilado: hablamos de una facultad que está otorgando cobertura a un acto que reparte culpabilidades colectivas sin ninguna metodología académica", añade. La fuente subraya que este gesto puede interpretarse como normalización del antisemitismo bajo la apariencia de debate académico.
Para la Red Académica contra el Antisemitismo, además, "resulta especialmente grave que un acto de estas características haya recibido autorización institucional, mientras que actividades académicas centradas en el estudio del antisemitismo, la prevención del odio o el fomento del diálogo entre israelíes y palestinos han enfrentado restricciones".
Una estrategia de destrucción reputacional
Por su propia constitución y definición, el "tribunal popular" está diseñado para desprestigiar y aislar a las organizaciones judías señaladas. "Buscan destruir reputaciones, aislar a sus objetivos e impedir que instituciones públicas, privadas o culturales quieran relacionarse con ellos".
Este tipo de estrategias no solo generan daño reputacional, sino que también refuerzan estereotipos antisemitas, legitiman campañas de boicot y dificultan la interacción de estas organizaciones con actores sociales, culturales y políticos. "La dinámica es tan clara que cualquier contacto con las organizaciones señaladas puede ser interpretado como complicidad", alerta la fuente.
La alarma provocada por el TPCGP-25 ha llevado a denuncias porque "estamos ante un episodio que mezcla activismo radical, ideología antisionista extrema y señalamiento comunitario".
El objetivo de estas alertas no es bloquear el debate académico, sino evitar que un evento simbólico se convierta en catalizador de hostilidad o violencia hacia entidades judías, un riesgo que, según los expertos, no puede ser subestimado.
Lo que ocurrirá este fin de semana
El TPCGP-25 desarrollará sus sesiones entre el viernes por la tarde y el sábado, con diferentes mesas temáticas:
- Viernes: Apertura del tribunal y Mesa 2 sobre banca y comercio armados.
- Sábado: Sesiones sobre energía, cultura, deporte, medios de comunicación y, a las 12:00, la Mesa 7: Represión, apoyo diplomático y lobby sionista, donde se espera que se emitan acusaciones contra entidades judías.
- Plenario final a las 18:00, con la lectura de las resoluciones de todas las mesas y del veredicto global.
Aunque no tiene valor legal, el tribunal permite que las conclusiones sean ampliamente difundidas, especialmente en redes vinculadas al activismo pro-palestino radical, potenciando la presión sobre las organizaciones señaladas. "Esta clase de espectáculos generan realidades sociales: crean listas negras, legitiman el odio y proporcionan coartadas ideológicas para la hostilidad pública", concluyen las fuentes.
La sensación compartida entre expertos en radicalización y entidades judías es clara: este fin de semana, en un espacio universitario público español, se celebrará una performance política que utiliza la estética de los derechos humanos para fabricar un enemigo. Y ese enemigo, una vez más, es señaladamente judío.
"Estamos ante un momento que marca un antes y un después: es la normalización de un señalamiento público que no respeta garantías ni evidencia", resumen las fuentes. Para la comunidad judía, el desafío no es solo la defensa de la reputación, sino la protección frente a dinámicas de hostilidad que podrían tener consecuencias reales, dentro y fuera del campus ▪
