El gobierno de Portugal anunció este lunes su intención de derogar la ley que, desde 2015, permite conceder la nacionalidad portuguesa a descendientes de judíos sefardíes, expulsados del país a finales del siglo XV. Según el Ejecutivo, esta medida tenía un carácter excepcional y está "agotada".
"La medida se enmarcaba en una iniciativa de reparación histórica y tenía un carácter excepcional", declaró el ministro portavoz del gobierno, António Leitão Amaro, al término de una reunión del gabinete encabezado por el primer ministro Luís Montenegro. El Ejecutivo, surgido de las elecciones legislativas del mes pasado y liderado por el centroderecha, presentó esta decisión como parte de un nuevo paquete de reformas legislativas vinculadas a migración y nacionalidad.
La ley, en vigor desde 2015, había sido concebida como un mecanismo de justicia histórica dirigido a los descendientes de judíos sefardíes, que fueron perseguidos y expulsados de Portugal a fines del siglo XV durante el reinado de Manuel I.
Su implementación, menos engorrosa que la ley española paralela, según algunos aplicantes, permitió a miles de personas, principalmente de Israel, Turquía y América Latina, solicitar la nacionalidad portuguesa sin necesidad de residir previamente en el país, siempre que pudieran demostrar su ascendencia sefardí.
En 2022, el gobierno portugués endureció los requisitos para acceder a este régimen, tras la polémica generada por el caso del ruso Roman Abramovich. El empresario obtuvo la nacionalidad portuguesa bajo esta normativa, lo que desató una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de certificación genealógica. Como consecuencia, las autoridades revisaron los criterios de concesión y reforzaron los mecanismos de control, haciendo mucho más difícil la obtención de la nacionalidad.
Según cifras de 2022, cuando se endurecieron los criterios, aproximadamente 262.000 personas habían solicitado la nacionalidad portuguesa al amparo de la ley para descendientes de judíos sefardíes, de las cuales unas 75.000 obtuvieron la ciudadanía, informó el diario Times of Israel en ese momento. A pesar de la entrada en vigor de normas más estrictas en septiembre de 2022, más de 74.000 solicitudes fueron presentadas en el último año. De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Fronteras de Portugal, casi 21.000 solicitantes eran ciudadanos israelíes.
La derogación pondría fin a uno de los programas de nacionalización histórica más amplios de Europa en las últimas décadas.
Reforma amplia
La derogación definitiva de la ley será presentada al Parlamento como parte de una reforma más amplia de la política migratoria y de nacionalización. Entre otras medidas, el Ejecutivo portugués también propone aumentar los plazos mínimos de residencia para acceder a la nacionalidad: de 5 a 7 años para ciudadanos de países lusófonos, y de 5 a 10 años para el resto de solicitantes.
El gobierno planea además endurecer los criterios para el reagrupamiento familiar de personas migrantes y reforzar los controles fronterizos. Para ello, se contempla la creación de una nueva unidad especializada dentro de la Policía de Seguridad Pública (PSP), con competencias específicas en vigilancia y gestión de flujos migratorios.
A pesar de no contar con una mayoría absoluta en el Parlamento, el Ejecutivo de Montenegro prevé avanzar con esta agenda legislativa en las próximas semanas. Las propuestas deberán ser debatidas y votadas por los diputados, en un contexto político en el que la inmigración y la identidad nacional han ganado protagonismo en la agenda pública ▪
Desde su entrada en vigor, la ley de nacionalidad para sefardíes permitió a más de 50.000 personas obtener la ciudadanía portuguesa, según datos del Ministerio de Justicia. La derogación pondría fin a uno de los programas de nacionalización histórica más amplios de Europa en las últimas décadas ▪
