La organización de lucha contra el antisemitismo ACOM ha celebrado dos nuevas resoluciones favorables en su batalla judicial contra los boicots académicos a Israel y en la batalla judicial contra la discriminación de judíos e israelíes por parte de organismos públicos, incluido el Gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el acuerdo de la Universidad de Granada (UGR) que suspendía colaboraciones y programas de movilidad con instituciones científicas y académicas israelíes. Por su parte, la Justicia valenciana hizo lo propio con el pronunciamiento de la Universitat de València y anuló el "Pronunciamiento del Consell de Govern de la UV"por considerarlo discriminatorio.

El TSJA corrige al juzgado de Granada y refuerza la jurisprudencia

"La UGR, bajo el pretexto de su autonomía universitaria, aprobó un acuerdo que vulneraba la dignidad de la persona y el principio de igualdad y no discriminación, transmitiendo una opinión negativa sobre miembros de la comunidad académica vinculados a universidades israelíes", señala la sentencia andaluza.

La resolución corrige el pronunciamiento previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada y subraya que la autonomía universitaria no legitima medidas de boicot generalizadas, que excluyen a un colectivo por su origen nacional o sus relaciones académicas.

El fallo advierte que la decisión de la UGR lesionaba la movilidad de estudiantes y personal, además de la cooperación científica y técnica, afectando directamente a personas ajenas al debate político.

"Limitar derechos fundamentales bajo una coartada ideológica resulta incompatible con la Constitución y con los principios de neutralidad y objetividad que rigen a los poderes públicos", recalca la Sala.

Desde ACOM se insistió en que el acuerdo no era un simple gesto político, sino un acto jurídico de exclusión dirigido específicamente contra Israel, lo que lo convertía en un precedente peligroso.

"La ruptura selectiva con Israel, y solo con Israel, reproduce un doble rasero incompatible con la Constitución", apuntó la organización.

La Universitat de València también condenada por discriminación

La sentencia del TSJA se suma a la decisión judicial dictada un día antes contra la Universitat de València. El tribunal anuló el "Pronunciamiento del Consell de Govern de la UV" aprobado en mayo de 2024, conocido como "Compromís de la UV amb Palestina". Según otro comunicado institucional de ACOM, el tribunal lo consideró abiertamente discriminatorio.

"Era un acuerdo de boicot, ideológico y abiertamente discriminatorio por razón de nacionalidad, incompatible con la Constitución y con el deber de neutralidad de toda universidad pública", recogía la sentencia.

Además, el fallo reconoció el derecho de ACOM a que la Universitat publique la anulación con la misma difusión que otorgó al texto impugnado e impuso el pago de costas.

En ambos casos, los tribunales coinciden en que instrumentalizar lo público para discriminar a los judíos o vetar a instituciones israelíes es ilegal y vulnera la igualdad.

Próximos pasos

Tras estas resoluciones, ACOM anunció que investigará posibles responsabilidades personales derivadas de la aprobación de acuerdos ilegales y discriminatorios, así como su impacto en la financiación europea. La organización exigirá la verificación inmediata de ayudas, acreditaciones y proyectos, y no descarta reclamar su suspensión.

Además, recordó que mantiene recursos abiertos contra las universidades Autónoma de Barcelona, Burgos, Málaga y otras instituciones que han aprobado resoluciones de ruptura con Israel.

"Seguiremos actuando en los tribunales y en la esfera pública, para defender la igualdad ante la ley y frenar la discriminación antiisraelí en nuestras instituciones. Frente a la intolerancia, frente al antisemitismo, no vamos a detenernos nunca", concluyó ACOM.

El Gobierno en la lista de querellas

Unos días antes, la misma organización había anunciado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, en respuesta a los graves incidentes ocurridos en la Vuelta Ciclista a España y a antecedentes que el colectivo afirma haber denunciado de forma continuada.

La entidad sostiene sobre el alcance de las manifestaciones que representan un nuevo ataque a los principios de igualdad, neutralidad institucional y respeto a la legalidad vigente".

En cuanto al contexto, el comunicado sitúa el problema en el uso político de eventos deportivos de relevancia nacional: "Nuestra organización lleva tiempo alertando de la utilización de eventos deportivos de relevancia nacional para difundir mensajes políticos que no tienen cabida en un Estado de derecho" .