En pleno siglo XXI, Oviedo se ha convertido en escenario de un feroz acoso contra la presidenta de la Comunidad Judía del Principado de Asturias, Aída Oceransky, y la comunidad que representa. Desde mediados de julio, la reconocida activista en defensa de los derechos humanos y de lucha contra el antisemitismo –incluido sus nuevas expresiones a través de Israel, según la IHRA-, sufre persistentes ataques en redes sociales, medios de comunicación y desde partidos políticos como PSOE e Izquierda Unida, que han llegado a exigir la revisión del acuerdo de cesión de la sede de La Casina de El Fontán para uso cultural y religioso de la comunidad judía.
El origen de esta persecución fue un artículo publicado en julio en La Nueva España, donde se reflejaban declaraciones de Oceransky en defensa de Israel frente a acusaciones de genocidio y hambruna en Gaza. A partir de ese momento, se desató un asalto mediático y político que recuerda los métodos empleados contra los judíos en Alemania durante los años 30, cuando el régimen nazi buscaba silenciar voces disidentes y criminalizar la existencia judía.
El acoso a Oceransky no se limita a la crítica de sus opiniones; se ha convertido en un intento de imponer una narrativa única: la de Hamás y sus aliados políticos en España. Se la acusa de "negar" un supuesto genocidio que, hasta ahora, no ha sido declarado como tal por ninguna autoridad judicial internacional competente, y de defender un país señalado por sus atacantes como responsable de una hambruna deliberada en Gaza; tampoco probada con datos fehacientes. Cuando estas acusaciones provienen de instituciones políticas y mediáticas, se convierten en antisemitismo institucional, pues cuestionan a la persona por su identidad y por la defensa de sus opiniones y libertad de expresión. Ningún organismo político nacional ni regional ha salido en su defensa.
El Movimiento contra la Intolerancia (MCI) ha presentado una denuncia subrayando que estos ataques vulneran el derecho fundamental de Oceransky a la libertad de expresión y la autonomía de la comunidad judía para organizar su vida religiosa y cultural. Según el MCI, se trata de un intento de censura selectiva que recuerda las campañas de boicot, difamación y persecución ideológica previas al Holocausto, cuando los judíos eran responsabilizados por cuestiones fuera de su control, únicamente por su pertenencia a una comunidad.
Desde julio, la hostilidad ha llegado incluso a espacios simbólicos, como el vandalismo a martillazos del monumento al Holocausto en Oviedo y otros casos no denunciados, y está afectando a la vida cotidiana de los miembros de la comunidad, creando un clima de intimidación comparable al terror psicológico que los nazis ejercían: aislar, criminalizar y silenciar. Hoy se hace con hashtags, columnas de opinión y decretos municipales, pero el efecto social y psicológico es igualmente dañino.
El ataque a Oceransky y a la comunidad asturiana no es un debate sobre política internacional. Es un ataque al derecho a existir, a pensar y a expresarse libremente. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, los judíos eran acusados de doble lealtad, manipulación de las esferas de poder y de un control financiero mundial. Hoy, Oceransky es acusada por alzar la voz en favor de Israel, mientras quienes la atacan buscan imponer un relato único que encubra la macabra violencia de Hamás y reduzca cualquier otra narrativa a silencio o censura. Este es el antisemitismo diario que sufren los judíos en Asturias. En toda España. En toda Europa.
La diferencia es que, ahora, el acoso político se ha traducido en amenazas concretas: la exigencia de revisión del acuerdo sobre La Casina de El Fontán por las libres opiniones de Oceransky (como si la cesión fuera a ella en persona) pone en riesgo la sede cultural y religiosa de la comunidad y envía un mensaje intimidatorio: la actividad de la comunidad, de sus líderes y de sus miembros está sujeta a aprobación política y cualquier discrepancia con la narrativa oficial puede tener consecuencias materiales y físicas. Este tipo de presión recuerda los métodos de coacción aplicados por regímenes totalitarios para subordinar la vida cultural y religiosa de las minorías a la política dominante.
Es importante subrayar que la persecución no se dirige a Israel como Estado, sino a quienes defienden su derecho a existir y su relato histórico frente a acusaciones alentadas por Hamás, Irán y otros medios y regímenes enemigos de Israel. Acusar a Oceransky de supuesta complicidad con crímenes imaginarios es una forma de antisemitismo velado que utiliza la crítica política como disfraz para un ataque identitario. Quienes la persiguen actúan guiados por un sentimiento antisemita de antaño, impropio de una democracia occidental con garantías constitucionales.
"No se trata solo de una opinión política; se trata de un intento sistemático de silenciar a toda una comunidad", denuncia el MCI en la demanda. Añade que el patrón de acoso, difamación y criminalización es tan peligroso como cualquier intento histórico de eliminación simbólica o social de los judíos, aunque hoy se manifieste en prensa, redes y política local.
La situación en Oviedo debería alertarnos: cuando la libertad de expresión de una minoría es atacada por su identidad y convicciones, la democracia corre peligro. La historia nos ha enseñado que el antisemitismo no surge de la nada: comienza con la estigmatización, continúa con la criminalización y puede terminar en tragedia si la sociedad lo normaliza. Hoy, la violencia es simbólica, política y mediática, pero sus efectos sobre la comunidad judía asturiana son reales y profundamente dañinos.
Es necesario que medios, partidos políticos y ciudadanos comprendan que el derecho de Oceransky a defender Israel, enseñar sobre el Holocausto y liderar la vida cultural y religiosa de su comunidad no es negociable. El ataque que sufre no es un debate democrático; es una persecución a la usanza del siglo XX, y quienes participan en ella marcan un precedente peligroso para todas las minorías en España.
Oviedo, que presume de cultura, historia y tolerancia, de ser la ciudad donde se entrega el Premio Princesa de Asturias de la Concordia —en 2007 a Yad Vashem y en 1990 a las Comunidades Sefardíes—, se enfrenta hoy a un espejo incómodo: el reflejo de una persecución ideológica con claros ecos de los años 30. El Estado y la sociedad tienen la obligación de protegerla y de condenar con firmeza cualquier acto de antisemitismo, ya sea simbólico, político o mediático
El acoso a Oceransky y a la Comunidad Judía que preside en Asturias, con más de medio siglo de antigüedad, es un test que medirá la solidez de los valores democráticos en España frente al antisemitismo ▪