La decisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de cesar a la embajadora de España en Israel, Ana Sálomon, ha desatado una polémica que va más allá de la simple gestión de una representación diplomática y que ha vuelto a trascender las fronteras de España e Israel para ser objeto de felicitación hasta por Hamás. En términos estrictamente formales, la medida puede considerarse perfectamente legítima. Israel no tiene embajador en Madrid desde hace casi dos años y la embajadora española llevaba ya medio año en Madrid tras ser llamada a consultas. Desde esa perspectiva, el argumento de la reciprocidad diplomática es difícil de refutar.
Pero el problema no reside tanto en la decisión como en el relato que el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha construido para justificarla. Albares sostiene que España ha actuado con "buena voluntad" para mantener unas relaciones lo más normales posible con Israel. Afirmarlo ahora, tras dos años de escalada diplomática permanente, resulta cuando menos sorprendente. Y obliga a plantearse una pregunta incómoda: si el ministro realmente cree en esa versión de los hechos, o si simplemente espera que los demás la acepten sin demasiadas preguntas, como han hecho medios del entorno oficialista. Esta claro que hace ya tiempo que los gobiernos de España e Israel no tienen unas relaciones normales, por no hablar de una clara hostilidad ideológica y diplomática.
La controversia se ha visto amplificada por la coincidencia temporal del cese con otro episodio geopolítico. Apenas dos días antes, la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había anunciado que permitiría el libre tránsito por el estrecho de Ormuz a los barcos de aquellos países que rompieran relaciones con Estados Unidos e Israel. Desde Israel se ha insinuado que el cese de la embajadora española podría interpretarse en esa clave pero no existe evidencia de que haya relación alguna entre ambos hechos, y ha sido irresponsable afirmarlo públicamente. No obstante, la mera posibilidad de que lo plantee revela hasta qué punto el clima de desconfianza entre ambos Gobiernos se ha deteriorado y hasta qué punto llega la hostilidad mutua. Netanyahu es querido en ciertos círculos españoles exactamente lo mismo que Sánchez en Israel. Y no es para que ninguno se lo tome como un halago.
El trasfondo de esta crisis se remonta al estallido de la guerra en Gaza tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el Gobierno de Sánchez ha adoptado una posición política particularmente dura hacia el Ejecutivo israelí. España ha apoyado iniciativas judiciales internacionales contra Israel como Estado y contra Netanyahu como primer ministro; ha impulsado -sin éxito- en la Unión Europea revisiones del acuerdo de asociación con Israel; y ha aprobado medidas restrictivas que culminaron en el real decreto de octubre de 2025 con un paquete de sanciones de notable alcance e impacto, incluida la cancelación de acuerdos en materia de defensa y el bloqueo de sus puertos a barcos con cargas de doble uso civil y militar. Hasta Marruecos, en ese sentido, ha sabido ser mejor amigo.
A ello se han sumado campañas para apartar a Israel de competiciones culturales y deportivas internacionales como Eurovision, la Euroliga o la UEFA; el respaldo indirecto desde ciertos ministerios ocupados por Sumar a manifestaciones políticas y culturales bajo el eslogan del "Del río al mar"; y declaraciones y narrativas ciertamente infames como cuando Sánchez afirmó en el Congreso que Israel había invadido Gaza el 7 de octubre o la del mismo Albares, en mayo de 2025, cuando señaló que Israel tenía que detener la guerra porque este país la había lanzado.
Todo ello puede discutirse desde el punto de vista político. Un gobierno tiene derecho a adoptar la línea diplomática que considere oportuna, a criticar con dureza a otros países e incluso a promover sanciones si cree que la situación lo justifica. Lo que resulta imposible de sostener es que esa acumulación de decisiones represente una política destinada a preservar relaciones "lo más normales posible". Cuando la presión diplomática se ejerce de forma constante en foros internacionales —desde Bruselas, Ginebra o Nueva York, hasta los tribunales internacionales en La Haya— no es realista esperar que la respuesta del otro lado sea cordialidad o comprensión.
La relación bilateral tampoco se ha deteriorado únicamente por decisiones tomadas en Madrid. Varios ministros israelíes han recurrido a un tono abiertamente hostil hacia el Gobierno español. El actual ministro de Exteriores, Gideon Saar, su predecesor Israel Katz o el ministro de la diáspora, Amichai Chikli, han publicado en numerosas ocasiones críticas durísimas contra el Ejecutivo de Sánchez, al que llegaron a acusar de antisemitismo. Ese lenguaje no ha ayudado ni mucho menos a rebajar la tensión. Pero conviene recordar que, en la mayoría de los casos, esas declaraciones se produjeron como reacción a decisiones o declaraciones procedentes del Gobierno de España.
El resultado es evidente hoy: Las relaciones políticas entre ambos gobiernos están prácticamente muertas. Persisten los canales diplomáticos técnicos, como ocurre incluso entre países con desacuerdos profundos, pero el diálogo político es mínimo. El Gobierno de España ni celebró el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1986.
En todo este contexto, el cese de la embajadora española en Israel tiene un valor principalmente simbólico. Puede interpretarse como un gesto lógico de reciprocidad en una relación ya deteriorada. Pero también funciona como un reconocimiento implícito de una realidad que el Gobierno parece reacio a admitir públicamente: que las relaciones entre Madrid y Jerusalén llevan tiempo en una espiral de deterioro sin freno. No reconocerlo difícilmente ayuda a resolver el problema.
La política exterior admite muchas estrategias. Un país puede optar por ejercer presión diplomática, por alinearse con determinadas causas internacionales o por distanciarse de aliados con los que discrepa. Todas esas opciones son legítimas en democracia. Pero lo que difícilmente resulta creíble es intentar presentar esa estrategia como si fuera, al mismo tiempo, un esfuerzo por preservar una relación cordial, según pretende Albares.
Por eso el debate sobre el cese de la embajadora no debería centrarse tanto en la decisión en sí —que es justificable sin demasiada dificultad— como en la narrativa que la acompaña. Porque cuando se han acumulado durante dos años decisiones, declaraciones y gestos que han deteriorado una relación bilateral, insistir en que se hace un intento de mantener la normalidad diplomática no transmite precisamente ni realismo ni verdad.
Transmite, más bien, la sensación de que el Gobierno confía en que la memoria política sea demasiado corta para recordar todo lo ocurrido. Está claro que "normalidad" en las relaciones bilaterales no hay, ni parece que existirá en tanto no caiga en elecciones alguno de los dos gobiernos ▪