El próximo partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Maccabi Tel Aviv en el Roig Arena ha dejado de ser un simple evento deportivo para convertirse en un reflejo preocupante de la deriva política que contamina la gestión pública en España.
La decisión de la Delegación del Gobierno, encabezada por Pilar Bernabé, de catalogar el encuentro como de "riesgo extremo" y recomendar que se jugara sin público, ha desatado un conflicto que va mucho más allá del deporte e instrumentaliza la seguridad como pretexto para restringir libertades y alterar la neutralidad de la competición.
Ante esa presión institucional, el Valencia Basket optó por una solución intermedia que es permitir únicamente la entrada a sus más de 11.500 abonados, intentando preservar, al menos parcialmente, el derecho de su afición a asistir.
Pero el origen del problema no está en el club, sino en la desmesurada decisión política de elevar este partido a la categoría de amenaza extraordinaria. En un país que cada semana celebra derbis de fútbol con decenas de miles de aficionados, finales de Copa o visitas de hinchadas radicales extranjeras sin necesidad de cerrar estadios, resulta poco creíble que el Estado se declare incapaz de asegurar un pabellón de baloncesto con 15.000 espectadores.
El Roig Arena, un recinto cerrado, moderno y fácilmente controlable, presenta muchas menos dificultades que cualquier estadio de fútbol. ¿De verdad puede gestionarse la seguridad de 80.000 personas en un Clásico en Madrid o de 100.000 personas en Barcelona, pero no la de 15.000 en Valencia? Es una contradicción que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. El resultado es un boicot encubierto al Maccabi Tel Aviv al permitir solo la entrada de abonados locales. Estamos ante un partido donde habrá 11.000 voces a favor de un lado y ninguna del otro, esto crea un ambiente desigual donde la competición pierde su neutralidad.
Si las autoridades consideraban que no podían garantizar la seguridad, la única opción coherente habría sido el partido a puerta cerrada para todos, sin privilegios ni exclusiones selectivas.
Sin embargo, esta supuesta vulnerabilidad de nuestro sistema de seguridad queda en entredicho al observar el espejo europeo. Mientras que en ciudades como Bolonia, Milán, Múnich o Kaunas el Maccabi Tel Aviv disputa sus encuentros con total normalidad y presencia de aficionados, en Valencia se pretende imponer una excepcionalidad que no existe en el resto del continente.
Si las fuerzas de seguridad de nuestros vecinos europeos son capaces de gestionar estos eventos sin cercenar derechos, resulta inexplicable que España, con una experiencia contrastada en dispositivos de alta complejidad, se declare incapaz de hacer lo propio. Y es que el papel de la Delegación del Gobierno no debería ser el de sembrar miedo, sino el de garantizar que las fuerzas del orden desplieguen la cobertura necesaria para que los eventos deportivos se desarrollen con absoluta normalidad.
Clasificar este encuentro como de "alto riesgo" viene a poner en tela de juicio la supuesta ineficacia que tendrían las fuerzas del orden para controlar un evento de estas características. Algo totalmente incierto, pues en situaciones mucho más complejas y multitudinarias, estas mismas fuerzas son capaces de realizar su trabajo de forma excelente, como demuestran cada semana en los estadios de fútbol.
El tema es que cuando la seguridad se convierte en coartada para decisiones ideológicas o políticas, deja de ser un instrumento de protección para transformarse en un mecanismo de censura. El deporte merece ser un espacio de encuentro, no un campo de pruebas para la política internacional ▪
