El 17 de enero de 1986, en un sencillo acto celebrado en La Haya que ponía fin a un desencuentro de quinientos años, España e Israel establecieron oficialmente relaciones diplomáticas. Llegaban tarde. Muy tarde. Mientras la mayoría de los países de Europa occidental había normalizado su vínculo con el Estado judío décadas antes, España cerraba así una anomalía histórica que no era solo diplomática, sino también moral, histórica y política. En La Haya no se reencontraban dos Estados, sino dos pueblos.
El acto se mantuvo en secreto hasta muy poco antes y fue coordinado directamente, lejos de miradas indiscretas, entre las oficinas del entonces primer ministro israelí, Shimón Peres, y el presidente del Gobierno español, Felipe González. En Israel se avecinaba una rotación política meses después, y para González era importante hacerlo con el laborista Peres y no con el likudista Itzjak Shamir.
Habían pasado 38 años desde la fundación del Estado de Israel. Durante ese tiempo, fue primero Israel quien rechazó a España, con un discurso de Abba Eban en la ONU en 1949 contra el régimen dictatorial de Franco. Tras el Holocausto, Israel no podía abrir la senda a la comunidad internacional a un régimen autoritario que había mantenido afinidades con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El régimen de Franco, aislado internacionalmente, viró entonces hacia el mundo árabe, una orientación que condicionaría las relaciones hispano-israelíes durante décadas y cuya inercia alcanza, en parte, hasta hoy.
En retrospectiva histórica, el establecimiento de relaciones diplomáticas fue importante, histórico, sin duda, porque ponía fin a una anomalía, pero en la práctica cerraba un proceso que llevaba décadas en marcha.
Fue el proceso de ingreso de la España democrática en la OTAN, a partir de 1982, y sobre todo en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, lo que agilizó de forma decisiva el establecimiento de relaciones, al mitigar los temores existentes en ciertos sectores del Gobierno de entonces ante una posible represalia árabe por el reconocimiento de Israel.
En retrospectiva histórica, aquel paso fue ante todo simbólico. Importante e histórico, sin duda, porque ponía fin a una anomalía, pero en la práctica cerraba un proceso que llevaba décadas en marcha. A nivel social y cultural había comenzado incluso antes de la creación del Estado de Israel, con el primer y segundo retorno de judíos a Sefarad desde finales del siglo XIX y con una serie de gestos humanitarios por parte de España hacia los judíos, especialmente los de origen sefardí. A nivel de Estados y de gobiernos, el diálogo –ocasionalmente, transformado incluso en cooperación- se fue acelerando desde la década de 1970 hasta la llegada a Madrid, en 1982, del embajador Samuel Hadas, acreditado oficialmente ante la Organización Mundial del Turismo pero convertido progresivamente en un "embajador oficioso" ante el Gobierno de González. El 17 de enero de 1986 se cerraba así un proceso pendiente, condicionado primero por la dictadura y después por la transición democrática en España.
El reconocimiento de facto se convirtió entonces en oficial, y el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas dio lugar a una intensificación de vínculos que ya tenían raíces en el deporte, la cultura, la cooperación, el turismo e incluso el comercio. Unas raíces que, a partir de la década de 1990, germinaron con fuerza gracias al impulso político y diplomático y que hoy, incluso en el peor momento de las relaciones políticas entre ambos países a causa de la guerra de Gaza, permiten prever con claridad que esta tormenta también pasará.
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Pero cuarenta años después del establecimiento de relaciones, esta efeméride invita menos a la autocomplacencia que a la reflexión. ¿Hasta qué punto esa relación se ha consolidado de verdad? ¿Y qué revela su fragilidad recurrente? Porque si bien en los vínculos se han fortalecido de manera notable, lo cierto es que, en el terreno político, y en cierta medida también social, la relación nunca ha terminado de asentarse con normalidad.
Las relaciones hispano-israelíes se ven a menudo instrumentalizadas por la política interna y subordinadas a equilibrios ideológicos que no se aplican a casi ningún otro país occidental. En la opinión pública, Israel no es tratado como un Estado más, sino como un expediente incómodo.
España mantiene con Israel una relación condicionada, dicen los expertos que por la causa palestina, pero lo cierto es que a menudo esta relación se ve instrumentalizada por la política interna y subordinada a equilibrios ideológicos que no se aplican a casi ningún otro país occidental. Israel no es tratado por la opinión pública como un Estado más, sino como un expediente incómodo. Cada crisis en Oriente Medio reactiva una distancia que parecía superada, que desencadena teorías conspirativas y sospechas históricas; que somete a Israel, y con él a los judíos españoles, a un examen interminable de legitimidad. Cada escalada del conflicto —como la iniciada con la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra de Gaza— sirve de coartada para una excepcionalidad permanente. España, como gobierno y como sociedad, tolera ciertas violaciones en dictaduras por todo el mundo que a Israel no estaría dispuesto ni perdonarle una décima parte de ellas.
Este déficit de normalización no es solo un problema diplomático; es, sobre todo, ideológico e idiosincrático. La necesidad de crear un Estado palestino es una opinión ampliamente compartida en España por casi todo el espectro político y social, pero está claro que las relaciones políticas con Israel fluyen mejor con gobiernos de derechas que con los de izquierdas. La comprensión de las necesidades de seguridad de Israel, frente a la demanda de un estricto respeto de los derechos humanos, es recibida de manera muy distinta según el signo político. Sin embargo, la verdadera preocupación que plantea esta anomalía excede los márgenes gubernamentales y de Estado.
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El verdadero talón de Aquiles de estas relaciones reside en sus consecuencias internas. Durante estos cuarenta años, el vínculo entre España e Israel ha estado íntimamente ligado a la forma en que España se relaciona con su propia comunidad judía y con el antisemitismo. Y ahí, el balance es mucho menos satisfactorio, sobre todo cuando el negacionismo del problema se impone a la realidad más visible.
En las últimas décadas, España ha avanzado de forma notable en el reconocimiento institucional del judaísmo español, en la recuperación de la memoria sefardí y en el marco legal de cooperación con las comunidades judías. Pero al mismo tiempo sus gobiernos han tolerado —y como se ha visto de nuevo durante la guerra de Gaza, incluso legitimado— un discurso público en el que Israel es demonizado, deshumanizado y convertido en chivo expiatorio con una facilidad que roza lo patológico, que desvirtúa la realidad para satisfacer narrativas deformadas ajenas. Un discurso que no pocas veces desborda hacia el antisemitismo sin complejos. Separar ambos fenómenos, es decir, negar la relación entre antiisraelismo y antisemitismo, rayaría en la ignorancia más perversa, porque son claramente interdependientes.
La efeméride de este 17 de enero llega en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por sacrificar unas relaciones bilaterales que tanto costaron construir para satisfacer necesidades políticas internas.
Y es que, cuarenta años después, resulta imposible ignorar que el deterioro de la relación política con Israel suele ir acompañado de un aumento del acoso a judíos en España. Como si la diplomacia exterior y la convivencia interior formaran parte del mismo clima moral. No es una coincidencia. Es, en esencia, el problema de una parte de la sociedad española con todo lo judío. Y aunque las críticas a las operaciones militares de Israel contra Hamás han sido generalizadas, España es, junto con Irlanda, uno de los ejemplos más paradigmáticos de esa "excepcionalidad permanente".
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Desgraciadamente la efeméride de este 17 de enero llega en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral. Apenas unos artículos en la prensa y un post en redes de la embajadora en funciones de Israel, Dana Erlich, recuerdan la efeméride. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez —en una anómala partida en la que también ha prestado cierta colaboración algún que otro ministro del Gobierno israelí— ha optado por sacrificar unas relaciones bilaterales que tanto costaron construir para satisfacer necesidades políticas internas. Desde la gestación de su actual Ejecutivo, justo después de una visita a Israel por la masacre de Hamás, Sánchez optó por una política de confrontación verbal y simbólica con Israel que rompe consensos históricos y diplomáticos, que ha situado a España hasta en posiciones marginales dentro del marco europeo. Ningún otro país europeo del peso de España se ha atrevido a tanto. Ni Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Italia.
Es una política que no acerca la paz, no protege a los palestinos ni refuerza el papel internacional de España, pero sí erosiona la confianza bilateral y ha dado alas a los sectores más radicalizados del discurso antiisraelí y antisemita. El equilibrio político en España requería un precio. Israel era la carta más cómoda.
Este aniversario debería servir para preguntarse qué tipo de relación quiere España con Israel, y viceversa: una relación madura, basada en el respeto mutuo, el desacuerdo legítimo y la cooperación estratégica, o una relación condicionada por prejuicios, cálculos internos y gestos de consumo ideológico.
Conmemorar cuarenta años de relaciones diplomáticas debería servir para algo más que recordar una fecha. Debería servir para preguntarse qué tipo de relación quiere España con Israel, y viceversa: una relación madura, basada en el respeto mutuo, el desacuerdo legítimo y la cooperación estratégica, o una relación condicionada por prejuicios, cálculos internos y gestos de consumo ideológico.
También debería ser una oportunidad para que las instituciones judías españolas reclamen con claridad lo que esta relación significa para la seguridad, la dignidad y la igualdad de los judíos en España. Porque cada vez que Israel es tratado como un paria, el mensaje que reciben muchos judíos es inequívoco: España no ha cambiado. También lo es el que recibe el conjunto de la sociedad española: acosar al judío es permisible.
Por parte de Israel, está claro que un giro hacia un proceso de paz que reconozca el derecho palestino a la autodeterminación, que tenga presente el rechazo internacional a la presencia israelí en áreas reconocidas para ejercer ese derecho, y de mayor respeto a los derechos humanos –en la medida de lo posible, porque el modus operandi de las organizaciones terroristas impone muchas veces otra realidad- , contribuiría a mejorar su imagen en España, si bien no pondría fin a la "excepcionalidad permanente".
Cuarenta años después, España e Israel mantienen relaciones diplomáticas. Lo que sigue pendiente es algo más profundo: una relación normalizada, sujeta a la crítica legítima mutua pero independiente de condicionantes externos. Y esa tarea no es solo de los diplomáticos. Es una responsabilidad de ambas sociedades, porque las relaciones entre Estados también hablan de los valores que una sociedad está dispuesta a defender y de los prejuicios que aún no ha sido capaz de superar ▪