Francia ha dado en los últimos días un paso decisivo en su política contra el antisemitismo. La Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional ha dado luz verde a un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para reforzar la lucha contra el antisemitismo y fortalecer la protección jurídica de la comunidad judía. El texto introduce la criminalización del antisionismo, incorporando la definición internacional del antisemitismo como base legal para sancionar penalmente la negación del derecho de Israel a existir.
Esto ha abierto un debate en el cual hay un argumento que se repite una y otra vez: que el antisionismo no es antisemitismo, sino solo una forma de criticar a Israel. Y suena bien, incluso razonable, pero en realidad es una trampa. Porque una cosa es criticar a un gobierno, algo necesario y saludable en cualquier democracia, y otra muy distinta es negar el derecho de un Estado a existir.
Un gobierno es pasajero, un Estado representa la existencia misma de un pueblo. El antisionismo no busca mejorar las políticas de Israel, sino que su objetivo es que Israel deje de existir. Es el único caso en el mundo donde no se cuestiona la gestión de un gobierno, sino el derecho de un pueblo a tener su propio hogar nacional. Cuando la crítica se convierte en una negación de ese derecho, ya no hablamos de libertad de expresión, sino de un antisemitismo moderno que se disfraza de activismo político.
Y para entender mejor esa diferencia, basta mirar alrededor. El mundo está lleno de conflictos: Sáhara Occidental, Tíbet, Crimea… En todos ellos se discuten fronteras, se condenan ocupaciones o se defienden independencias. Pero nadie pide que Marruecos, China o Rusia desaparezcan del mapa.
Israel es la excepción. Mientras a cualquier otro país se le juzga por sus gobiernos, a Israel se le cuestiona su propia existencia. Esa es la clave del antisionismo, no es un movimiento que busque reformas, sino la eliminación de un Estado. Exigir que Israel sea el único país del planeta que debe disolverse "para que haya paz" es aplicar una doble vara de medir.
Negar al pueblo judío el derecho a su autodeterminación, un derecho reconocido para todos los demás pueblos después del colonialismo, no es una postura política, es discriminación. Antes se negaba al judío su derecho a vivir entre las naciones; hoy se niega a la nación judía su derecho a vivir entre los Estados.
La prueba más clara de que el antisionismo esconde antisemitismo está en la desigualdad con la que se juzga a Israel. Se le exigen niveles de pureza y justicia imposibles, que no se piden a ninguna otra democracia bajo amenaza.
Y ahí está el doble rasero. Mientras dictaduras vecinas cometen atrocidades sin que apenas nadie diga nada, cada acción de Israel se analiza, se exagera y se condena. Se usan términos como "genocidio" o "apartheid" para describir la defensa de un país frente a ataques terroristas, y se culpa a todo un pueblo por las decisiones de su gobierno.
Esta indignación selectiva se hace evidente en las movilizaciones constantes contra la única democracia de Oriente Medio, mientras impera un silencio ensordecedor ante las tiranías de la región. El ejemplo más reciente es Irán, donde el régimen ha masacrado a miles de ciudadanos cuyo único crimen fue defender la libertad; una carnicería que no parece incomodar a quienes, con su silencio, demuestran que su defensa de los derechos humanos es tan solo una fachada.
Esa desproporción no busca justicia, sino desprestigiar al Estado judío. No se trata de amor a la justicia, sino de odio dirigido. El objetivo es convertirlo en un paria, el único país al que no se le concede el mismo derecho a existir que a los demás.
Pero esto no es algo nuevo. Para entender por qué esta ley es urgente, debemos comprender que el antisemitismo nunca muere; simplemente se recicla. Los discursos de odio hoy no se presentan con viejas consignas, sino que se disfrazan de superioridad moral. Han vaciado la palabra sionismo de su significado histórico, que no es otra cosa que la aspiración legítima de autodeterminación del pueblo judío, para convertirla en un insulto que permite deshumanizar a todo un país.
Bajo el disfraz de un activismo pro derechos humanos, se esconde un prejuicio milenario. Por eso la respuesta de Francia no es censura, sino un acto de coherencia democrática para poner límites al odio revestido de causa justa.
Llegados a este punto, la pregunta no es si se debe permitir la crítica al gobierno de Israel. Por supuesto que sí. La cuestión es otra: ¿dónde termina la libertad de expresión y empieza el discurso del odio?
Si el antisionismo consiste en negar el derecho de Israel a existir, entonces estamos ante un tipo de violencia verbal. En cualquier otro caso, pedir la desaparición de un pueblo o de su hogar nacional sería inaceptable y perseguido sin vacilación. ¿Por qué aquí habría de ser diferente?
La propuesta de ley francesa no busca silenciar opiniones políticas, sino proteger a las personas de un discurso que acaba legitimando la violencia. Las palabras importan porque cuando se deslegitima la existencia de un Estado, se abre la puerta a justificar ataques contra quienes lo representan.
Por eso penalizar el antisionismo no es un ataque a la libertad, sino una defensa de la democracia. Si ya se castiga el racismo, la homofobia o el negacionismo del Holocausto, tiene sentido que también se sancione una ideología que promueve la eliminación de la única nación judía del mundo. La libertad de expresión no puede ser un escudo para el odio. La democracia no puede ser neutral frente a la intolerancia.
Al final, la decisión de Francia no es solo un ajuste técnico en su Código Penal. Es una declaración de principios. El Estado francés lanza un mensaje claro al resto del continente. Está diciendo que la libertad termina donde empieza la negación del derecho a existir de un pueblo.
Europa no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras el antisemitismo se recicla con otro nombre. Si de verdad queremos sociedades basadas en los derechos humanos, tenemos que empezar por el más básico de todos, que no es otro que precisamente el derecho a existir.
Francia ha dado un paso valiente marcando un camino. Ahora la pregunta es: ¿qué otros gobiernos europeos se atreverán a seguir su ejemplo?◾
