El jueves pasado, el diario israelí The Jerusalem Post publicó un extenso y severo artículo sobre la situación del antisemitismo en España. Su conclusión fue rotunda: España sería "el primer caso de antisemitismo de Estado en la Unión Europea". El diagnóstico se apoya en hechos verificables y en un clima político cada vez más hostil hacia Israel y, por extensión, hacia todo lo judío.
El propio diario resume el proceso con una frase demoledora: "Lo que comenzó como una hostilidad a nivel de calle contra los judíos ha hecho metástasis hasta convertirse en la normalización de una retórica antisemita y antisionista en los niveles más altos del Gobierno". Sí, ha hecho metástasis, pero en la dirección inversa. Cuanto menos paralela por la inicial tolerancia del Gobierno.
Pero si bien la descripción es certera, la conclusión, sin embargo, merece matices. Llamar a lo que ocurre en España antisemitismo de Estado no es solo una cuestión terminológica: implica una categoría política, jurídica e histórica muy concreta. Y España, por grave que sea la situación actual, no es un Estado con leyes antijudías, ni con una discriminación legal sistemática contra los judíos, al estilo de las Leyes de Núremberg de 1935. No existen en España normas que prohíban a los judíos ejercer derechos civiles, acceder a cargos públicos o practicar su religión. En los papeles, no hay nada de eso. En la práctica, todo tiene su matiz. ¿Rezar o educar a tus hijos bajo la vigilancia de una unidad de lucha antiterrorista significa "libertad de credo"? Habrá quien discrepe.
Llamar a lo que ocurre en España antisemitismo de Estado no es solo una cuestión terminológica: implica una categoría política, jurídica e histórica muy concreta. Negar el "antisemitismo de Estado" no minimiza el problema. Al contrario: permite definirlo con mayor precisión y encontrar vías para solucionarlo.
Negar el "antisemitismo de Estado" no minimiza el problema. Al contrario: permite definirlo con mayor precisión y encontrar vías para solucionarlo. Lo que vive España no es antisemitismo de Estado, sino algo distinto y no menos peligroso: la institucionalización, popularización y folclorización del antisemitismo, con implicaciones profundas y duraderas a todos los niveles.
La clave está en el conceptos que el propio Jerusalem Post introduce con acierto: "el antisemitismo ya no es solo tolerado, sino políticamente legitimado", "un fenómeno habilitado por el Estado" (en realidad sería el Gobierno), "la normalización de una retórica antisemita y antisionista en los niveles más altos del Gobierno". Porque ese clima no surge de la nada. Es consecuencia directa de una ultracrítica política desatada y sostenida del Gobierno de Sánchez hacia Israel, que ha desbordado el marco de la crítica legítima y se ha filtrado por toda la arquitectura institucional del Estado: ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, sindicatos, centros educativos, e incluso —en demasiadas ocasiones— juzgados y fiscalías. Son tantos y tantos los casos que sobra dar ejemplos.
La adopción de boicots institucionales contra Israel por parte de la mayoría de las universidades públicas españolas es uno de los ejemplos más visibles. Se han aprobado resoluciones que rompen relaciones académicas -institucionales y colectivas- de décadas, se presiona indirectamente a profesores e investigadores, se celebran jornadas y congresos abiertamente sesgados donde la posición israelí es excluida de antemano, y la libertad de cátedra se ve erosionada por un clima de intimidación ideológica, como ocurrió con los boicots universitarios aprobados en varias universidades públicas desde el 7 de octubre.
En el ámbito escolar, el fenómeno es igualmente preocupante. El adoctrinamiento propalestino impulsado desde determinados sindicatos de maestros y asociaciones de padres ha penetrado en aulas donde la complejidad del conflicto se sustituye por consignas, y donde Israel aparece sistemáticamente demonizado. En paralelo, en el aparato judicial, el rechazo casi automático de denuncias por delitos de odio contra judíos —incluso cuando la ley es tajante y el caso a priori bastante claro— refuerza la sensación de desprotección, como se ha visto en el archivo reiterado de denuncias por antisemitismo durante 2024 y 2025. En un caso constatado, hasta un Tribunal en un caso de divorcio se inclinó por prohibir las visitas de menores israelíes a sus abuelos en Israel alegando "razones de seguridad" que no existían en ese momento.
Durante 2025, el conflicto palestino-israelí se convirtió en conversación banal de bar, en tertulia improvisada de cafetería, en debate vacío alimentado por titulares simplificados y una cobertura mediática abrumadoramente sesgada y manipuladora.
Este proceso se acelera a partir del 14 de mayo (no podía haber elegido fecha más simbólica que la de la independencia de Israel), cuando Pedro Sánchez califica por primera vez a Israel como "Estado genocida". Con esa declaración, el presidente del Gobierno rompía un dique simbólico y abría la puerta a dos fenómenos que ya rondaban el espacio público: la popularización y la folclorización del antisemitismo.
Durante la segunda mitad de 2025, el conflicto palestino-israelí se convierte en conversación banal de bar, en tertulia improvisada de cafetería, en debate vacío alimentado por titulares simplificados y una cobertura mediática abrumadoramente sesgada y manipuladora. La banalización del Holocausto se normaliza en discusiones públicas y privadas; la analogía nazi se usa con ligereza obscena contra Israel; los mensajes antiisraelíes se convierten en moneda corriente. Todo ello, por mucho que se niegue, deriva en una actitud hostil hacia todo lo judío.
La folclorización —la segunda derivada— se manifiesta con especial crudeza durante el verano: festivales populares, memes, caricaturas, panfletos, carteles en establecimientos prohibiendo la entrada a "sionistas", como si se tratara de una categoría detectable a simple vista, una práctica documentada en carteles discriminatorios aparecidos en distintos espacios culturales durante el verano de 2025. El antisemitismo se convierte en performance, en estética, en moda. La interrupción de la Vuelta Ciclista, la flotilla salida de Barcelona rumbo al Mediterráneo, o la postura intransigente del Gobierno en Eurovisión, acaban de convertir el conflicto en la "historia más candente del verano", tratada con ligereza, épica impostada y un maniqueísmo infantil.
Si Sánchez, y ministros en su gobierno como Díaz o Rego, han sido los responsables principales de la institucionalización del antisemitismo, los medios de comunicación y artistas han sido los grandes vectores de su popularización y folclorización.
Si Pedro Sánchez, y ministros en su gobierno como Yolanda Díaz o Sira Rego, han sido los responsables principales de la institucionalización del antisemitismo, los medios de comunicación y las redes sociales han sido los grandes vectores de su popularización y folclorización. Se ha forzado a artistas, deportistas y personajes públicos a pronunciarse sobre un conflicto que desconocen, transformando la causa palestina en una narrativa romantizada, y a Israel en el villano obligatorio. Ese clima ha tenido consecuencias directas en ámbitos sensibles, como el desalojo de menores judíos franceses de un avión de Vueling en el aeropuerto de Valencia o las interrupciones y protestas en eventos deportivos con participación israelí durante 2025.
Si hoy existieran juglares, recorrerían las plazas cantando a los palestinos cuan doncella oprimida y demonizando al supuesto noble cruel (Israel) que trata de apartarla de su amado, reduciendo una tragedia histórica y política a un relato medieval sin fundamento real.
España no vive un antisemitismo de Estado. Vive algo más sutil y, por ello, más insidioso: un antisemitismo institucionalmente tolerado, socialmente amplificado y culturalmente trivializado. Confundir ambos conceptos no ayuda a combatirlo. Nombrarlo con precisión, sí. Porque lo que se ha institucionalizado, popularizado y folclorizado no es solo el odio a Israel, sino una vieja y peligrosa hostilidad hacia lo judío que España creía haber superado ▪