Cuando creíamos haber consolidado, al menos en el plano institucional, un compromiso mínimo contra el antisemitismo en España, una sorprendente campaña en la plataforma change.org nos propone adherir nuestra firma a una petición pública para exigir la salida de España de la IHRA, lo cual sería una gran torpeza después de tanto esfuerzo y, más aún, hacerlo en medio de la más terrible ola de antisemitismo en décadas.
Más allá del esfuerzo para conseguir su entrada, la adhesión a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) implica la aceptación de una definición moderna y amplia de antisemitismo, elaborada precisamente para adaptarse a los desafíos actuales. Esta definición no impide la crítica legítima a las políticas del Estado de Israel, pero sí señala como antisemitas aquellas expresiones que implican un doble rasero, que deslegitiman su existencia o que comparan sistemáticamente sus acciones con los crímenes del nazismo, en una inversión de hechos que solo busca dañar a los que antaño fueron víctimas. Contiene, en definitiva, los principios a los que apelamos todos los que, día tras día, luchamos contra el antisemitismo.
El Congreso de los Diputados aceptó dicha definición el 4 de octubre de 2022, con 283 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones. Los 33 votos en contra correspondieron a los Grupos Parlamentarios de Unidas Podemos y Más País, la extrema izquierda que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez y que influye en su agenda internacional, en particular en el caso de Israel. Sacar a España de la IHRA sería por tanto un auténtico logro para esos partidos extremistas.
Entendiendo la frustración que pueden generar las declaraciones anti-israelíes del presidente del Gobierno, su Consejo de Ministros o incluso el relato tergiversado de la radiotelevisión pública, salir de la IHRA no haría más que agravar la situación.
Incluso cuando es cierto que, en España, la IHRA no ha tenido la penetración necesaria para proteger eficazmente a las víctimas de este nuevo antisemitismo y se ha limitado a ámbitos pedagógicos que, dada la realidad actual, no han dado los frutos esperados. Nada que ver con la firmeza con la que otros países como Alemania, Francia, Estados Unidos o Canadá -con más o menos éxito- han convertido esta definición en una base para combatir los delitos de odio.
Entendiendo la frustración que pueden generar las declaraciones anti-israelíes del presidente del Gobierno, su Consejo de Ministros o incluso el relato tergiversado de la radiotelevisión pública, salir de la IHRA no haría más que agravar la situación.
Pensando en una comparación histórica, me viene a la mente la situación de los chuetas a finales del siglo XVIII, quienes lograron que Carlos III estableciera tres Reales Cédulas a su favor. En un principio, dada la oposición de algunos de los principales organismos jerárquicos locales, parecía que esta legislación era un simple brindis al sol, algo similar a lo que ocurre con la IHRA. Sin embargo, con el tiempo, los chuetas pudieron acogerse a esas leyes ante los tribunales de justicia y mejorar su situación.
España no debe ser alentada a que abandone o sea expulsada de la IHRA, no cuando su definición de antisemitismo proporciona un marco esencial para identificar y combatir las múltiples formas que adopta el odio antijudío, tanto en el discurso tradicional como en el contemporáneo. Echarla enviaría un mensaje peligroso de desprotección a la comunidad judía y debilitaría el compromiso del Estado con la memoria del Holocausto y los derechos humanos. Además, la definición, al no impedir la crítica legítima a Israel, nos ayuda precisamente a denunciar con claridad el antisemitismo encubierto. Renunciar a este consenso internacional sería retroceder en la lucha contra la intolerancia.
El camino a seguir no es pues romper con la IHRA, sino exigir que se cumpla el propósito de su implantación. Es necesario continuar con la labor pedagógica, pero al mismo tiempo asegurar un compromiso firme de las autoridades en este sentido. El camino debe ser trabajar hacia ese objetivo y, sobre todo, que la oposición use ese argumento para hacer ver al Gobierno que se está convirtiendo en un dispensador de odio▪
