El exministro de Asuntos Exteriores y ex eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García-Margallo, negó categóricamente que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. Lo hizo durante su intervención en el programa Todo es mentira, de Cuatro, en el marco del debate sobre las recientes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez de rescindir un contrato de compra de munición a una empresa israelí y pedir su expulsión de Eurovisión.

Durante el programa, Margallo invocó la legalidad internacional para argumentar su posición:
"La palabra genocidio está definida en el artículo 2 de la Convención de Ginebra y es un delito perpetrado con la intención –subrayo, la intención– de eliminar un grupo étnico, nacional o religioso", afirmó. Acto seguido añadió que "es obvio que Israel no ha eliminado a los 2 millones de palestinos que viven en Israel, no quiere eliminar a los 2 millones que viven en Cisjordania o a los 2 millones de Gaza".

El exministro matizó que eso no exime de responsabilidad sobre otras posibles violaciones del derecho internacional: "Otra cosa es que haya cometido delitos de lesa humanidad, eso lo puedo aceptar. Otra cosa es que la violencia que está haciendo sea intolerable, pero no es un genocidio", dijo, dejando clara su postura jurídica.

También quiso recordar que ni la Convención de Ginebra ni el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, contemplan el enjuiciamiento de Estados como tales: "No se juzga a los Estados, se juzga a personas concretas. Por tanto, eso no es la solución", añadió.

Y concluyó que "podemos decir todas las palabras duras que quieras, pero primero: no hay genocidio, y en el supuesto que hubiese genocidio, se podría juzgar –como hay acusaciones por parte de Sudáfrica respecto al primer ministro o su ministro de Defensa".

Contexto mediático y político en España

Las declaraciones de Margallo se producen en medio de una fuerte polarización política y social en España en torno al conflicto en Gaza, y refuerzan la narrativa de sectores que llaman a distinguir entre la crítica legítima y el uso inexacto de términos jurídicamente definidos.

En España, el uso del término "genocidio" para referirse a la actuación de Israel se ha extendido con rapidez entre numerosos periodistas y tertulianos, que lo emplean sin matices ni precisión jurídica, muchas veces amparados en convicciones ideológicas. Esta normalización del término ha contribuido a desinformar al público, omitiendo que el concepto está estrictamente definido en el derecho internacional y requiere probar la intención deliberada de destruir total o parcialmente a un grupo protegido.

El trasfondo de estas declaraciones se enmarca también en un momento de tensión diplomática entre España e Israel. Las reiteradas iniciativas del presidente Sánchez –como el reconocimiento unilateral del Estado palestino, la cancelación de contratos militares y las acusaciones públicas contra el gobierno israelí en foros internacionales– han deteriorado las relaciones bilaterales y situado a España como uno de los principales críticos de Israel en la Unión Europea. Esta postura ha sido respaldada por sus socios de coalición, pero ha provocado un profundo malestar en Jerusalén y ha generado críticas internas por su unilateralidad ▪