Eider Mendoza (PNV), diputada general de Guipúzcoa, se ha pronunciado este martes en el pleno de las Juntas sobre las presiones a la empresa CAF para que renuncie al contrato firmado en 2019 para el tranvía de Jerusalén, una cuestión que ha generado debate político y movilizaciones sindicales en los últimos días.

"Renunciar a un contrato de estas características podría tener consecuencias muy graves para el tejido empresarial guipuzcoano", afirmó Mendoza, según informaron medios del País Vasco. La diputada general advirtió que la ruptura del acuerdo podría incluso derivar en el cierre de la compañía o en un traslado de sus operaciones a otro país.

Respaldo a la empresa

Mendoza ha reiterado su postura frente a las peticiones de algunos grupos políticos que han instado a CAF a abandonar el proyecto en Israel. Ya en semanas anteriores había acusado a Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, de abordar el asunto con "frivolidad". Este martes, en el pleno, respondió en la misma línea a la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, insistiendo en que se trata de una cuestión que no puede analizarse con ligereza.

El debate se ha intensificado después de que la ONU incluyera a CAF en una lista de compañías que, según Naciones Unidas, contribuyen a la ocupación israelí de territorio palestino. Esa inclusión fue ratificada recientemente por el organismo internacional, lo que ha reforzado la presión sobre la ferroviaria guipuzcoana.

En este contexto, la plantilla de CAF ha convocado distintos paros para exigir a la dirección que se replantee su participación en el proyecto del tranvía de Jerusalén. Además, todos los sindicatos vascos han convocado una jornada de huelga general el próximo 15 de octubre para reclamar el fin de la guerra en Gaza, una cita en la que previsiblemente el nombre de la empresa volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda reivindicativa.

Supervivencia empresarial

El lehendakari, Imanol Pradales, intervino a comienzos de mes solicitando una "reflexión ética" a CAF sobre el encargo en el proyecto del tranvía en Jerusalén. Sin embargo, en las últimas semanas el Ejecutivo autonómico ha cerrado filas en defensa de la compañía, respaldando su decisión de continuar con el contrato firmado en 2019.

La diputada general de Guipúzcoa ha enfatizado la complejidad jurídica y ética de una eventual renuncia. A su juicio, la cancelación unilateral no solo afectaría a la empresa ferroviaria, sino que pondría en riesgo cientos de empleos en el territorio. "No se trata únicamente de un debate político, sino de una cuestión con implicaciones legales y sociales de enorme calado", señaló en el pleno.

La tensión entre las consideraciones éticas planteadas por parte de la oposición y la defensa de la viabilidad económica de CAF por parte de las instituciones vascas refleja la dificultad de un debate en el que confluyen intereses empresariales, laborales y geopolíticos.

A la espera de la movilización del 15 de octubre, el caso de CAF se mantiene como uno de los principales focos de fricción en la política vasca y en el ámbito sindical, enmarcado en la presión internacional derivada del conflicto en Oriente Medio ▪