La reciente celebración de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional en Barcelona ha proyectado una imagen de convivencia, pluralidad y diálogo entre credos que, sin embargo, contrasta con la acumulación de incidentes antisemitas en esa ciudad desde el 7 de octubre de 2023 y con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La ciudad, presentada como modelo de diversidad religiosa, enfrenta a la vez cuestionamientos sobre la coherencia entre su discurso público y la realidad que denuncian la mayoría de los sectores de la comunidad judía.
En el acto institucional celebrado a comienzos de semana en el Salón de Cent, el alcalde Jaume Collboni defendió esa imagen al afirmar que "Barcelona es una ciudad diversa y plural" y subrayó la necesidad de "defender y promover que todas las creencias y confesiones puedan seguir expresándose con libertad". Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sostuvo que "las tradiciones espirituales han de ser un activo a favor del bien común", en un evento que reunió a representantes políticos y religiosos, incluidos líderes de la comunidad judía local.
Participación Judía
La participación del rabino Samuel Garzón, de la Comunidad Israelita de Barcelona (CJB), y del rabino Meir Shimon Bar Jen, de la sinagoga Bet David, fue destacada en redes, de motu propio, como un ejemplo de ese diálogo interreligioso.
La CJB incluso celebró el encuentro, agradeciendo públicamente a las autoridades por impulsar una iniciativa orientada a reforzar la convivencia. "Hemos tenido el honor de participar en el acto institucional de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional celebrado en el Salón de Cent del Ayuntamiento. En representación de la CJB han participado el rabino principal, Samuel Garzón, y Moriah Ferrus, vicepresidenta del GTER, contribuyendo a un espacio de diálogo que este año ha puesto el foco en el vínculo entre ecologismo y espiritualidad", dijo la Comunidad en un mensaje por X.
También Bar Jen, en este caso por Instagram, destacó que pudo "disfrutar, junto con la OAR (E.J. – Oficina de Asuntos Religiosos) y diversos responsables de entidades religiosas, de un encuentro muy enriquecedor, lleno de diálogo, respeto y voluntad compartida de construir puentes… Queremos destacar la firme disposición de la ciudad a mantener y preservar el patrimonio judío, así como nuestra voluntad de seguir avanzando y colaborando para tejer redes de paz y convivencia entre las diferentes religiones y creencias que conviven en Barcelona. Seguimos trabajando, juntos, por una ciudad más abierta, plural y cohesionada".
Un armonía condicionada
Sin embargo, ese marco de aparente armonía institucional convive con una realidad mucho más compleja. En los últimos meses se han registrado en Barcelona episodios que incluyen señalamiento público de personas y negocios judíos mediante mapas difundidos en redes, pintadas de odio, intentos de boicot a celebraciones religiosas y la exposición de centros educativos. A ello se suma la profanación de tumbas en el cementerio judío de Les Corts, investigada como delito de odio.
Diversas fuentes coinciden en que estos hechos no son aislados, sino que responden a una dinámica de estigmatización creciente. En este contexto, se cuestiona la falta de una respuesta institucional sostenida y sin ambigüedades, más allá de condenas puntuales.
La ausencia de una reacción proporcional ante prácticas como la difusión de listados de personas por su identidad religiosa genera especial inquietud por sus implicaciones históricas y su semejanza con fenómenos similares en la Alemania nazi.
El contraste entre el discurso institucional y los hechos se vuelve más evidente al observar los acontecimientos posteriores a la celebración. Apenas tres días después de haber elogiado el encuentro interreligioso, la propia Comunidad Judía de Barcelona publicó un mensaje crítico contra el presidente catalán por su posicionamiento ante la interceptación de la Flotilla Global Summud por Israel.
En ese mensaje, que atañe a la Generalitat, la comunidad cuestionó lo que consideró un "falta de equilibrio institucional preocupante", señalando la ausencia de sensibilidad hacia los ciudadanos catalanes que residen en Israel y viven bajo ataques. "¿No son lo suficientemente buenos catalanes?", plantearon, en una crítica directa al posicionamiento político expresado por Illa, quien había condenado la actuación israelí calificándola de "contraria al derecho internacional y, por tanto, inadmisible". Illa también participó en el evento Semana Mundial de la Armonía Interconfesional en Barcelona.
Este giro discursivo expone una tensión interna: la misma comunidad que respalda públicamente espacios de diálogo institucional vuelve, en cuestión de días, a denunciar lo que percibe como sesgos políticos y falta de equilibrio en el tratamiento de temas vinculados a Israel y al antisemitismo.
A ello se suma la crítica de organizaciones como ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), que han llevado a cabo actos simbólicos en Barcelona para denunciar lo que consideran una pasividad institucional ante la escalada antisemita. En una acción frente al Monumento a los barceloneses deportados, bajo el lema "Hoy judíos, mañana tú", la organización sostuvo que el Ayuntamiento no es un actor neutral, sino "un agente activo del clima que lo hace posible".
El comunicado también recuerda la profanación de tumbas en Les Corts y critica que el alcalde evitara mencionar explícitamente el antisemitismo en su condena. Asimismo, denuncia decisiones políticas previas, como la ruptura de relaciones institucionales con Israel —posteriormente anulada por la justicia— o el apoyo económico a iniciativas como la flotilla, cuya financiación no ha sido detallada públicamente.
La credibilidad en juego
El caso de Barcelona pone sobre la mesa un problema de fondo: la credibilidad de las políticas de diálogo interreligioso cuando no van acompañadas de medidas concretas frente a situaciones de discriminación. Expertos y fuentes comunitarias coinciden en que la promoción del entendimiento entre religiones es esencial, pero advierten que pierde valor si no se traduce en protección efectiva y en una condena clara de cualquier forma de antisemitismo.
La insistencia institucional en proyectar una imagen de convivencia —reforzada por cifras como la existencia de más de mil comunidades religiosas y 500 centros de culto en la ciudad— contrasta con la percepción de que ciertos discursos o acciones políticas pueden contribuir, directa o indirectamente, a la normalización de formas contemporáneas de exclusión.
En este escenario, la comunidad judía se encuentra en una posición compleja: participa y legitima espacios de diálogo promovidos por las autoridades, pero al mismo tiempo denuncia públicamente decisiones y discursos de esas mismas autoridades cuando los considera desequilibrados o injustos. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la eficacia de estos encuentros y sobre el grado de confianza real entre instituciones y comunidades.
La Semana de la Armonía Interconfesional, impulsada por Naciones Unidas desde 2010 como una herramienta para fomentar la cultura de paz, se enfrenta así a su propia prueba de consistencia en el ámbito local. En Barcelona, el desafío no parece residir en la falta de espacios de diálogo, sino en la coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. La Declaración de la IHRA es otro ejemplo: El Ayuntamiento de Barcelona se adhirió a sus principios en enero de 2024. Desde entonces los ha violado con su desenfrenada crítica a Israel en decenas de ocasiones. El repetitivo uso del puerto de Barcelona por la Flotilla Global Summud, donde las manifestaciones antiisraelíes trasgreden la declaración de IHRA, es un tercero. Pero no son los únicos ni mucho menos.
En última instancia, la pregunta que sobrevuela estos días es si la "armonía" celebrada institucionalmente puede sostenerse sin una respuesta firme y sostenida frente a los problemas que afectan a una de las comunidades participantes. Porque, como advierten algunas voces, la convivencia no se mide solo en actos simbólicos, sino en la capacidad de las instituciones para garantizar que ninguna comunidad se sienta señalada, desprotegida o instrumentalizada en el debate público ▪