Con una votación condicionada y abierta a futuras enmiendas, concluyó hoy en Bruselas la Conferencia Anual para Líderes Judíos organizada por la EJA, donde más de un centenar de representantes comunitarios europeos avalaron un manifiesto que insta a los gobiernos a estudiar un nuevo marco legal de protección para la vida judía en el continente.
La propuesta original, que planteaba declarar a los judíos como una "minoría protegida" siguiendo precedentes como el del pueblo sami nórdico, generó resistencias entre varios líderes. La principal objeción radica en el peso histórico de esa definición: tras más de dos siglos de emancipación y lucha por la igualdad de derechos, algunos consideran problemático volver a encuadrar a los judíos como una minoría diferenciada, con el riesgo de convertirlos nuevamente en un colectivo marcado.
A ello se suma una dificultad práctica: la diversidad de legislaciones nacionales en Europa impide una aplicación uniforme del concepto de "minoría étnica o nacional". En ese contexto, los participantes acordaron aprobar el documento base como mandato político, pero someterlo a un proceso de revisión y enmienda que contemple la complejidad jurídica y las divergencias expresadas durante las discusiones.
La presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, dijo en ese sentido durante el debate que "la forma en que estaba escrito" el documento original "parece que esta ‘minoría protegida’ es una de las soluciones, pero no es la solución", subrayando que el enfoque debería adaptarse a los marcos legales de cada país y no presentarse como un punto de partida único.
Un debate existencial sobre el futuro judío en Europa
Durante la conferencia, en declaraciones a Enfoque Judío, el representante de EJA en España, Juan Caldés, había anticipado el tono del encuentro al describirlo como un momento crítico para las comunidades judías del continente. Explicó que más de 100 líderes —principalmente presidentes de comunidades de toda Europa— se reunían en Bruselas en medio de lo que definió como un "debate existencial" sobre el futuro de la vida judía en Europa.
La discusión en estos momentos, indicó, no se limita a medidas de seguridad, sino que abarca una pregunta más profunda: si existe o no un futuro sostenible para las comunidades judías europeas, en un contexto marcado por el aumento del antisemitismo y el crecimiento del éxodo de judíos. En ese marco, la propuesta de un estatus especial surgía como una iniciativa inédita destinada a ser sometida a votación.
Caldés había señalado antes de la votación que la idea tomaba como referencia modelos existentes en Europa, como el reconocimiento del pueblo sami en países nórdicos, aunque aclarando las diferencias entre ambos casos. También admitió que la propuesta abría interrogantes sensibles, especialmente en relación con el significado simbólico y político de redefinir a los judíos como minoría tras siglos de integración.
En ese sentido, el propio dirigente reconoció que el debate interno ya había mostrado posiciones encontradas. Algunos participantes expresaron preocupación por el posible retroceso conceptual que implicaría abandonar la noción de ciudadanía plena en favor de una categoría diferenciada. Sin embargo, otros consideraron que la situación actual exige medidas excepcionales.
El argumento central de quienes impulsan el cambio apunta a la insuficiencia de las respuestas institucionales actuales. Caldés sostuvo que las declaraciones políticas no alcanzan y que se necesitan acciones concretas con respaldo legal. Incluso advirtió que, de no adoptarse medidas contundentes, existe el riesgo de que la vida judía en Europa se debilite gravemente en las próximas décadas.
Un nuevo marco legal más allá de la definición de minoría
El documento final aprobado —aunque sujeto a revisión— evita fijar de manera definitiva la categoría de "minoría protegida" y en su lugar otorga mandato a la EJA para explorar, junto a gobiernos nacionales e instituciones europeas, la creación de un marco legal vinculante que garantice la continuidad de la vida judía.
El texto parte de una preocupación central: el aumento del antisemitismo, las amenazas a la seguridad y la proliferación de leyes que afectan prácticas religiosas. Frente a este escenario, propone avanzar hacia un sistema de protección integral que no dependa de coyunturas políticas ni de decisiones partidarias, según un comunicado de clausura.
Entre los elementos considerados esenciales, se destaca la necesidad de reforzar tanto la seguridad física como la protección frente a discursos de odio, incluyendo el ámbito digital. Asimismo, se plantea que la libertad religiosa debe abarcar plenamente prácticas fundamentales como la circuncisión, la alimentación kosher o los rituales funerarios, entendidos como componentes centrales de la vida judía.
El documento también pone énfasis en la educación y la visibilidad. Señala que el desconocimiento de la vida judía contemporánea contribuye a la indiferencia frente al antisemitismo, y propone promover activamente la presencia judía en el espacio público mediante actividades culturales, educativas y comunitarias.
En paralelo, se plantea la necesidad de programas de formación obligatoria sobre antisemitismo para funcionarios públicos, docentes, fuerzas de seguridad y miembros del sistema judicial. En el ámbito universitario, se sugiere la adopción de definiciones operativas de antisemitismo y la designación de responsables específicos para su monitoreo.
Finalmente, el texto subraya que la protección por sí sola no es suficiente: el fortalecimiento de la vida judía también requiere visibilidad, integración y participación activa en la sociedad europea. La votación en Bruselas, aunque no cerró el debate, dejó en claro que existe un consenso creciente sobre la necesidad de un cambio de enfoque, aun cuando la forma exacta de ese cambio siga siendo objeto de discusión ▪