La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para determinar si es competente para investigar al primer ministro de Israel, Biniamín Netanyahu, por la presunta retención de un militar español del contingente de cascos azules de la FINUL, en el sur de Líbano, durante un incidente ocurrido el pasado 7 de abril en el marco de la misión de la ONU, informaron medios locales.
En ese contexto, el juez instructor Antonio Piña ha trasladado la cuestión a la Fiscalía al considerar que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", según consta en el auto judicial, en el que también solicita al Ministerio Público que se pronuncie sobre las diligencias interesadas por la acusación.
El procedimiento se origina a raíz de una querella presentada por el partido político Iustitia Europa, encabezado por el abogado Luis María Pardo, que dirige la acusación no solo contra Netanyahu, sino también contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, así como contra otros mandos militares aún no identificados. La denuncia atribuye a los implicados la posible comisión de delitos de crímenes contra personas y bienes protegidos en conflicto armado, además de coacciones y detención ilegal.
Los hechos descritos en la querella se remontan a la interceptación de un convoy logístico de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), que transportaba alimentos y suministros. Durante esa operación, fuerzas israelíes retuvieron supuestamente a un sargento español durante aproximadamente una hora. El militar fue liberado, según la ministra de Defensa Margarita Robles, tras una intervención diplomática del Gobierno español, que dijo haber trasladado "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como a las autoridades israelíes. Los mensajes en redes de la FINUL dejan entrever que antes de proceder la acción del Gobierno español, el sargento ya había sido liberado.
Investigación en fase preliminar
El auto judicial firmado por Piña acuerda la incoación de diligencias previas como paso inicial para esclarecer los hechos. El magistrado subraya que aún no se han determinado con precisión ni la naturaleza completa de lo ocurrido ni la identidad de todos los implicados, por lo que considera necesario avanzar en la instrucción antes de adoptar nuevas decisiones procesales.
Entre las diligencias solicitadas por la acusación figura la declaración del propio militar afectado, cuya versión podría resultar clave para delimitar responsabilidades. El juez también pide a la Fiscalía que evalúe si la Audiencia Nacional tiene jurisdicción para investigar unos hechos ocurridos fuera de territorio español pero que afectan a un ciudadano nacional y, según la denuncia, a intereses del Estado español en materia de seguridad internacional.
La denuncia describe el incidente como un "ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional", señalando que el convoy fue "interceptado de manera hostil" en la zona de Taybeh. Según el relato presentado, el militar español fue "extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante".
Además, el escrito añade que el sargento habría sido trasladado por la fuerza a una ubicación no autorizada, lo que, a juicio de los denunciantes, constituye una privación de libertad contraria al Derecho Internacional. También se sostiene que estos actos pudieron tener como objetivo "amedrentar y desmoralizar al contingente de paz" desplegado en la zona.
Israel no ha dado hasta ahora su versión de los hechos según han sido descritos en España, pero el denunciante es un grupo que acumula otros casos parecidos. La formación ha destacado por presentar demandas y querellas judiciales, incluyendo acciones relacionadas con altos cargos políticos y cuestiones internacionales.
Alegaciones de violaciones al Derecho Internacional
La denuncia subraya que el personal de la FINUL opera bajo la protección de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a su seguridad y libertad de movimiento. En ese sentido, considera que lo ocurrido no sería un hecho aislado, sino parte de un "patrón de hostigamiento" contra las fuerzas de paz, incluyendo ataques directos e indirectos contra sus patrullas.
Iustitia Europa sostiene que la Audiencia Nacional debe asumir la investigación al tratarse de hechos compatibles con delitos de crímenes de guerra y ante la ausencia, según indica, de procedimientos abiertos en Israel o en la Corte Penal Internacional. Asimismo, recalca que el caso afecta tanto a un ciudadano español como a la estructura de seguridad colectiva de Naciones Unidas.
En cuanto a la atribución de responsabilidades, la querella distingue entre autores materiales y mandos superiores. Por un lado, señala que los militares que ejecutaron la detención serían responsables directos de la interceptación, la coacción y el traslado forzoso. "La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción", apunta el escrito.
Por otro lado, invoca el principio de responsabilidad del superior en el Derecho Penal Internacional, según el cual los mandos pueden ser responsables por no prevenir o sancionar conductas ilícitas de sus subordinados. A ello se suma la consideración de que los hechos denunciados podrían implicar también la responsabilidad internacional del Estado de Israel.
Mientras tanto, el proceso judicial en España se mantiene en una fase inicial y dependerá en gran medida del criterio de la Fiscalía sobre la competencia del tribunal. También de la cooperación de las autoridades israelíes, que no contemplan la entrega de información sobre sus soldados y mandos a tribunales extranjeros y, menos aún, a los de un país notoriamente hostil hacia Israel en los dos últimos años ▪