El Movimiento contra la Intolerancia (MCI) presentó una ampliación de denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio por la reaparición del mapa de BarcelonaZ, una plataforma digital que vuelve a señalar negocios judíos, empresas israelíes y multinacionales con actividad en Israel en Cataluña. La organización advierte de un salto cualitativo en la gravedad del caso, al considerar que ya no se trata de hechos aislados sino de la actuación persistente de un entramado organizado con potencial encaje penal.
"Hemos presentado la segunda denuncia, hemos insistido en que es el mismo grupo, pero que ha pasado de una plataforma a otra plataforma y la reiteración de los hechos es lo que nos hace poner encima de la mesa la persistencia de un grupo organizado", dijo a Enfoque Judío Esteban Ibarra, presidente del MCI. Esta reiteración, subraya, impide abordar el caso como una acción individual y obliga a investigar la posible existencia de una estructura que podría encuadrarse en delitos como asociación ilícita (artículo 515.4) u organización criminal (artículo 570 bis).
La nueva denuncia se presenta como una ampliación de la anterior —ya aceptada y judicializada— y se dirige a la Fiscalía General del Estado, en su área especializada en delitos de odio. Desde el MCI se espera que ambas actuaciones se integren en una única línea de investigación que permita avanzar hacia la identificación de los responsables.
Una triple dimensión: antisemitismo, xenofobia e ideología
Uno de los elementos centrales que introduce la ampliación es lo que el MCI define como una "triple dimensión" delictiva. Según Ibarra, el mapa no solo incurre en antisemitismo, sino que también incorpora componentes de discriminación por origen nacional e ideología. "Ya no es solo antisemitismo, es que es por origen nacional, al señalar Israel, y también tiene una motivación ideológica al señalar el sionismo", explicó.
Esta combinación de factores, sostiene la organización, agrava el alcance del caso al sumar distintos motivos discriminatorios en una misma conducta. En este sentido, el mapa —que atribuye a los señalados vínculos con un supuesto "genocidio" en Gaza— se enmarca en un contexto más amplio de incremento del antisemitismo en España y Europa, lo que, según la denuncia, añade un "plus de peligrosidad evidente".
El proyecto BarcelonaZ había reaparecido en febrero de 2026 tras el escándalo internacional de su versión inicial, que fue retirada de la plataforma GoGoCarto, en enero, luego de denuncias por antisemitismo. En su nueva versión, alojada en uMap (con dominio en Francia), el mapa vuelve a identificar y geolocalizar negocios y empresas en Cataluña, aunque con algunos cambios formales, como la exclusión de instituciones educativas.
Sin embargo, el núcleo del señalamiento se mantiene. El mapa incluye desde grandes multinacionales hasta pequeños comercios, algunos de ellos identificados por el origen israelí de sus propietarios o por comercializar productos kosher. Para el MCI, este punto resulta especialmente preocupante. "Mientras que una gran empresa tiene capacidad de defensa, un pequeño comercio no la tiene", advirtió Ibarra, al reclamar medidas urgentes.
Persistencia, señalamiento y cooperación judicial
El MCI insiste en que la investigación debe priorizar tanto la identificación de los responsables como la eliminación del mapa. "Nos gustaría que respondieran con la máxima celeridad para neutralizar: por un lado investigar y por otro eliminar el mapa", señaló Ibarra, quien considera que la herramienta constituye una forma de estigmatización masiva.
El carácter colaborativo y público del mapa —que permite a usuarios añadir nuevos establecimientos— ya había sido señalado en enero como un factor de riesgo por organizaciones civiles, que lo describieron como un instrumento potencial para fomentar dinámicas de boicot y discriminación. En su versión original, llegó a incluir más de 150 entidades sin distinguir entre negocios judíos, empresas israelíes o multinacionales, agrupándolos bajo una misma etiqueta ideológica.
La nueva versión mantiene una estructura por sectores económicos —desde diplomacia hasta alimentación— e incluye acusaciones basadas en distintos tipos de vínculos: relaciones con el sector militar, inversiones financieras, conexiones empresariales o incluso criterios más difusos. En algunos casos, las imputaciones se apoyan en la nacionalidad de los propietarios o en relaciones indirectas difíciles de verificar.
Otro de los aspectos abordados en la denuncia es el hecho de que el mapa esté alojado en servidores franceses. Para el MCI, esta elección busca dificultar la investigación, aunque no impide la actuación judicial. "El delito se comete hacia personas en España, por lo tanto hay jurisdicción española", afirmó Ibarra, quien recordó que existen mecanismos de cooperación dentro de la Unión Europea y, en su caso, mediante comisiones rogatorias entre jueces de distintos países.
Finalmente, desde el MCI advierten que continuarán impulsando acciones legales hasta esclarecer el caso. "Vamos a perseverar y pensamos que se le debe dar la máxima importancia porque es un señalamiento gravísimo, una estigmatización masiva y en definitiva una incitación a la discriminación antisemita en Cataluña", concluyó Ibarra ▪