La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado una denuncia ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) por posibles irregularidades financieras vinculadas a la denominada "Global Sumud Flotilla", una operación marítima que partió desde Barcelona el pasado 15 de abril y que, según la asociación, presenta "graves indicios" en la gestión y procedencia de los fondos utilizados.
"Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo el origen de estos fondos y la trazabilidad de las operaciones, especialmente cuando se trata de una actividad de tal magnitud que implica más de cien embarcaciones y múltiples jurisdicciones", declaró Angel Mas, presidente de ACOM, al justificar la presentación de la denuncia ante el organismo supervisor.
Según la documentación remitida, ACOM advierte que la flotilla —que involucra la adquisición de más de un centenar de embarcaciones— se financia mediante una estructura internacional en la que los fondos recaudados se centralizan en una fundación española, mientras que la compra de los buques se realiza a través de una empresa operativa vinculada, presuntamente la mercantil Cyber Neptune, S.L., asociada a Saif Abdelrahim Abukeshek.
La asociación subraya que esta operativa presenta múltiples elementos que, a su juicio, requieren un análisis inmediato por parte de las autoridades competentes. Entre ellos, destaca la falta de claridad sobre el destinatario final de los fondos, así como el uso de intermediarios y estructuras societarias cuya función no estaría debidamente justificada. A esto se suma la fragmentación de pagos y la participación de diversas jurisdicciones, factores que, según ACOM, podrían dificultar el seguimiento del dinero y su origen lícito.
Señalamientos sobre la trazabilidad y el uso de fondos
En su denuncia, ACOM pone especial énfasis en la necesidad de esclarecer la trazabilidad completa de las operaciones financieras relacionadas con la flotilla. La organización considera que la magnitud del proyecto —que implica la movilización de recursos a nivel internacional y la compra masiva de embarcaciones— exige estándares elevados de transparencia y control.
Entre los aspectos señalados, la asociación menciona la posible incoherencia entre la finalidad declarada de la flotilla y la operativa financiera detectada. Este punto, junto con la utilización de múltiples vehículos societarios, refuerza —según ACOM— la necesidad de una investigación exhaustiva por parte del SEPBLAC.
La denuncia también pone en conocimiento del organismo supervisor que los fondos habrían sido recolectados a nivel internacional, lo que añade una capa adicional de complejidad al seguimiento de su origen. En este contexto, ACOM solicita que se verifique si dichas aportaciones cumplen con la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
El presidente de la asociación insistió en que el volumen de recursos movilizados y el alcance geográfico de la operación justifican un escrutinio riguroso por parte de las autoridades. La combinación de pagos fragmentados, múltiples jurisdicciones y estructuras intermedias constituye, según la entidad, un conjunto de indicios que no deberían pasar desapercibidos.
Exigencias a la Capitanía Marítima de Barcelona
De forma paralela a la denuncia financiera, ACOM ha dirigido una solicitud formal a la Dirección General de la Marina Mercante, específicamente a la Capitanía Marítima de Barcelona, para obtener información detallada sobre las condiciones en las que las embarcaciones zarparon desde puerto español.
La asociación reclama acceso a todos los datos relativos a inspecciones y revisiones técnicas, incluyendo abanderamiento, matrícula, certificados de navegabilidad, seguros y titulación de las tripulaciones. Asimismo, exige conocer cualquier otra documentación que acredite el cumplimiento de la normativa marítima vigente.
"Los españoles tienen derecho a saber si estas embarcaciones cumplieron rigurosamente con toda la normativa de seguridad antes de salir de un puerto español, sobre todo cuando puede acabar costando dinero público en operaciones de salvamento y, muy especialmente, si están vinculadas a organizaciones terroristas", afirmó Mas.
La petición apunta a determinar si las autoridades portuarias verificaron de manera adecuada las condiciones de seguridad de las embarcaciones antes de autorizar su salida. Para ACOM, este punto resulta especialmente relevante no solo por las implicaciones legales, sino también por el eventual impacto en recursos públicos en caso de incidentes en alta mar ▪