La detención de un palestino con nacionalidad española en el marco de la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel ha abierto un nuevo frente político y diplomático, con acusaciones cruzadas sobre su perfil y el carácter de la misión. Mientras el Gobierno español exige su liberación, autoridades israelíes sostienen que no se trata de un activista humanitario, sino de un individuo con conexiones directas con organizaciones terroristas como Hamás.
En ese sentido, la Embajada de Israel en España afirmó que "la flotilla no es una acción humanitaria, sino una provocación con respaldo de organizaciones vinculadas al terrorismo", al tiempo que identificó al detenido, Saif Abu Keshek, como un actor relevante dentro de estas estructuras.
Un perfil bajo sospecha
Según la representación diplomática israelí, Abu Keshek —originario de Nablus y residente en Barcelona— es miembro destacado de la organización de flotillas y actúa en nombre del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), entidad que Israel vincula con Hamás y que ha sido designada como organización terrorista por diversos países. Además, sostienen que el detenido "mantiene contacto con activistas de Hamás y está implicado en actividades de seguridad contra Israel".
Las autoridades israelíes subrayan que no es la primera vez que el nombre de Abu Keshek aparece en este contexto. De acuerdo con la misma fuente, en junio de 2025 fue detenido y expulsado de Egipto cuando intentaba coordinar la campaña "La Marcha hacia Gaza" a través del paso de Rafah. "No se trata de un activista inocente, sino de un individuo con conexiones probadas con el terrorismo", insistieron.
En paralelo, el diplomático Dan Poraz reforzó esta línea argumental al señalar que "hay una razón por la que es el único español detenido y no fue liberado en Grecia como los demás. No se dejen engañar". Asimismo, desde Israel aseguran haber trasladado información sobre estas organizaciones y sobre el propio individuo al Gobierno español durante años.
Por otro lado, un mensaje difundido por la embajada añade que Abu Keshek sería un "operativo de Hamás" que dirige una empresa denominada Cyber Neptune en España, a través de la cual estaría vinculado con la propiedad de embarcaciones utilizadas en la flotilla.
Reacción del Gobierno español y protestas en Barcelona
Desde el Ejecutivo español, la postura ha sido contundente. El presidente Pedro Sánchez expresó públicamente: "Le digo tres cosas a Netanyahu: 1. España siempre va a proteger a sus ciudadanos. 2. Siempre vamos a defender el derecho internacional. 3. Exigimos la libertad del ciudadano español secuestrado en la flotilla". En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reclamado la liberación de Abu Keshek, mientras mantiene contactos con organizadores y otros países implicados.
La tensión diplomática también se trasladó al terreno, con la convocatoria de la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, por parte del Gobierno, tras la interceptación de la flotilla que había partido desde Barcelona a mediados de abril.
En la capital catalana, los hechos derivaron en disturbios. Una manifestación convocada el jueves en protesta por la interceptación reunió a varios centenares de personas, que marcharon desde la plaza de Sants hacia el consulado israelí. Durante la movilización, un grupo de encapuchados protagonizó episodios violentos, con lanzamiento de objetos, uso de pirotecnia y vuelco de contenedores, lo que llevó a la intervención de los Mossos d’Esquadra.
Según fuentes consulares israelíes, unos 60 individuos encapuchados intentaron levantar barricadas y lanzaron cohetes contra el edificio consular, siendo finalmente neutralizados por la policía. El operativo dejó al menos dos agentes heridos.
Antes de que se produjeran los incidentes, el portavoz de la flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, acusó a la Unión Europea de ser "cómplice" de Israel y reclamó la ruptura de relaciones. También exigió la liberación de los detenidos, a quienes calificó como "secuestrados por Israel", y denunció que la acción israelí "vulnera el derecho internacional".
La operación militar israelí se saldó con la detención de alrededor de 175 activistas, incluidos 31 españoles, que viajaban en varias embarcaciones interceptadas en aguas internacionales al sur de Grecia ▪