La organización de lucha contra el antisemitismo ACOM ha emprendido en los últimos días acciones ante distintas instituciones españolas contra manifestaciones que considera antisemitas, con denuncias ante los tribunales contra los influencers y tertulianos Rubén Gisbert y Carlos Sánchez y una actuación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por unas declaraciones emitidas en el programa En boca de todos, de Cuatro.
Los casos afectan a publicaciones en redes sociales y contenidos difundidos en televisión y, según ACOM, podrían constituir distintas infracciones o delitos relacionados con el antisemitismo.
La organización presentó el 20 de agosto ante el Tribunal de Instancia de Dénia una denuncia penal contra Rubén Gisbert Fraile, titular de la cuenta pública y verificada de X @gisbert_ruben, por presuntos delitos de incitación al odio y de negación o trivialización grave del Holocausto, contemplados en el artículo 510 del Código Penal.
ACOM sostiene que la denuncia recoge una "sucesión sostenida de manifestaciones públicas" en las que Gisbert habría reproducido elementos del antisemitismo conspirativo, presentando a los judíos como un colectivo organizado que actuaría en la sombra y tendría capacidad para controlar o condicionar medios de comunicación, política y economía.
La organización considera especialmente graves las manifestaciones que, según afirma, cuestionan aspectos esenciales del Holocausto y la dimensión de los asesinatos perpetrados por la Alemania nazi, así como el señalamiento de personas concretas como integrantes de una supuesta trama.
Tras la denuncia presentada contra él, Gisbert anunció públicamente que el lunes presentará una querella criminal contra ACOM por, entre otros motivos, "amenazas graves, injurias, calumnias graves" y delito de odio. También acusó a la organización de llamarle nazi y negacionista del Holocausto y terminó su mensaje con la expresión "¡Fuera sionistas de España!"
Denuncia contra Carlos Sánchez por publicaciones antisemitas
Un día después, el 21 de agosto, ACOM anunció otra denuncia penal, esta vez ante el Tribunal de Instancia de Madrid, contra Juan Carlos Sánchez, conocido públicamente como Carlos Sánchez (@Cyandeceres), según el anuncio de la organización.
Según ACOM, la denuncia documenta publicaciones realizadas durante meses que atribuirían colectivamente a los judíos comportamientos degradantes, además de acusaciones contra personas vinculadas a organizaciones judías a las que se presentaría como desleales a España o al servicio de intereses extranjeros.
La organización sostiene que también existen "señalamientos individualizados" dirigidos a generar hostilidad contra personas por su condición judía.
ACOM subraya que no denuncia las opiniones políticas de Sánchez. En su comunicado afirma expresamente que "criticar a Israel es legítimo, ser antisionista no constituye un delito y criticar a ACOM tampoco", pero sostiene que determinadas conductas reiteradas y documentadas habrían cruzado la frontera hacia las conductas tipificadas en el artículo 510 del Código Penal.
Entre los ejemplos citados por ACOM figuran referencias a "la banca judía" y una publicación en la que Sánchez afirma que la cantidad de judíos dedicados a la pornografía sería "absolutamente desproporcionada". La organización considera que estas expresiones recurren a estereotipos históricos relacionados con el poder financiero, la infiltración política, la corrupción moral o la deslealtad.
Actuación ante la CNMC por las declaraciones en Cuatro
La tercera actuación afecta a unas declaraciones realizadas el 18 de agosto en En boca de todos, programa de Cuatro. ACOM ha presentado ante la CNMC una denuncia y una solicitud de control de contenido audiovisual contra Conecta5 Telecinco, S.A.U., prestador del canal Cuatro, y Producciones Mandarina, S.L., productora del programa.
Según ACOM, durante un debate sobre si los musulmanes son terroristas, el colaborador Francisco Álvarez, conocido como Paco Álvarez, afirmó: "los terroristas son judíos, los genocidas son judíos, no son musulmanes", expresión que, según la organización, repitió durante el programa.
ACOM sostiene que las declaraciones no fueron corregidas ni desautorizadas durante la emisión y reclama a la CNMC que requiera la conservación íntegra del programa, investigue la actuación posterior del prestador y ejerza sus competencias en función de lo que determine la investigación.
La organización señala que la Ley General de Comunicación Audiovisual contempla como infracción muy grave la emisión de contenidos que inciten de forma manifiesta al odio o la discriminación por razón de religión o creencias. ACOM afirma además que no descarta emprender la vía penal por un posible delito de odio.
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ya había reclamado una rectificación pública del programa y anunciado que estudia acciones legales por un posible delito de incitación al odio tras las declaraciones del tertuliano Paco Álvarez ▪