La organización ACOM – Acción y Comunicación sobre Oriente Medio informó que su cofundador, David Hatchwell Altaras, presentó acciones legales por presuntas injurias ante cuatro juzgados civiles de la Comunidad de Madrid. Según el comunicado oficial, las demandas se enmarcan en lo que la entidad describe como un patrón recurrente de ataques contra figuras judías públicas en España.
"Los ataques que motivan estas acciones no son episodios aislados. Se inscriben en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado —en plena escalada del conflicto en Gaza— y que resurge ahora, cuando la región vive la tensión derivada del conflicto con Irán", señala el texto difundido por la organización.
De acuerdo con la información proporcionada por ACOM, las acciones legales se interpusieron por el delito de injurias, tipificado en los artículos 208 y siguientes del Código Penal. La entidad sostiene que estas situaciones surgen en momentos de alta tensión en Oriente Medio y que, en ese contexto, aparecen campañas que —según afirma— se dirigen específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en España.
Cuatro procedimientos de conciliación en distintos tribunales
Las demandas impulsadas por Hatchwell se tramitan mediante procedimientos de conciliación presentados ante diferentes tribunales civiles de la Comunidad de Madrid.
El primero corresponde a la conciliación 775/2025 ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón. En este caso figuran como demandadas la periodista y presentadora de La hora de La 1, Silvia Intxaurrondo, y la periodista Raquel Ejerique, adjunta al director de eldiario.es, además de las entidades Sukun Comunicación S.L. y el propio medio.
El segundo procedimiento, conciliación 2120/2025, fue presentado ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. En este expediente aparecen como demandados la comunicadora Inés Hernand, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño, y la activista del movimiento BDS Nadwa Abu-Ghazaleh, junto a Podium Prisa Podcast.
El tercer caso corresponde a la conciliación 2505/2025, presentada ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alcobendas. Allí figura como demandado el periodista Antonio Maestre, colaborador habitual de La Sexta, junto a la cadena perteneciente al grupo Atresmedia.
Finalmente, la conciliación 2219/2025 fue presentada ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid contra el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Padilla Estrada.
Advertencia sobre el discurso de odio
En su comunicado, ACOM afirma que los ataques señalados se producen dentro de un clima político y mediático que, según sostiene la organización, involucra a actores del entorno mediático y político del Gobierno español. El texto señala que se trata de medios y columnistas cuya línea editorial estaría alineada con el Ejecutivo, así como representantes de partidos que sostienen o integran la coalición gubernamental.
El comunicado también asegura que la simultaneidad de los ataques reflejaría una movilización coordinada y no una coincidencia circunstancial. A esta dinámica —añade— se sumaría la coincidencia con sectores de ultraderecha neonazi que, según el documento, dirigen sus críticas hacia los mismos objetivos.
"Que las prioridades de estos sectores extremistas y las de ciertos medios próximos al Gobierno apunten contra la comunidad judía española y sus representantes es un dato político de primer orden", afirma el texto difundido por la organización.
ACOM sostiene además que las acciones legales buscan marcar un límite ante lo que considera una utilización de tribunas mediáticas e institucionales para injuriar a ciudadanos judíos españoles con presencia pública.
Confianza en la vía judicial
Para la organización, el conjunto de procedimientos representa un "serio toque de atención" frente a conductas que, según afirma, no pueden ser normalizadas dentro del debate público. En ese sentido, subraya que las expresiones denunciadas no constituyen —a su juicio— opiniones legítimas, sino comportamientos tipificados como delito en la legislación penal.
La entidad también indicó que continuará actuando en distintos ámbitos —jurídico, político y social— con el objetivo de denunciar cualquier intento de normalizar el odio antisemita.
"ACOM confía plenamente en la independencia del Poder Judicial para castigar con ejemplaridad estos comportamientos y sentar jurisprudencia que disuada de su repetición", concluye el comunicado difundido por la organización. ▪