El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó este viernes la decisión del Gobierno de Israel de aplicar una nueva normativa de registro a las organizaciones no gubernamentales humanitarias que operan en Cisjordania y Gaza, una medida que implica la revocación de licencias, la expulsión de ONG y la restricción de su actividad sobre el terreno.

La restricción de actividades comenzará el próximo 1 de marzo y ha generado preocupación en varios gobiernos, entre ellos el español. En un comunicado oficial, el Ejecutivo subrayó que la decisión afecta a "reconocidas ONG españolas e internacionales" y que limita gravemente el trabajo humanitario en un contexto de emergencia.

"Con estas medidas, Israel limita así el trabajo de las ONG y actores humanitarios para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza y atender las necesidades más básicas de la población palestina", señala el texto difundido por el Ministerio de Exteriores.

Según Israel, las organizaciones afectadas —más de una treintena— representan menos del 1% de la ayuda a los palestinos y dice que no han cumplido con los requisitos de "seguridad y transparencia" relativos a su personal antes del 31 de diciembre.

La posición española se produce en un contexto de creciente tensión institucional, tras la reciente aprobación en la Knesset de una ley que impone el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA, además de retirarle sus inmunidades y privilegios. Israel considera que esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos ha servido de tapadera a actividades de Hamás, y que decenas de sus empleados en Gaza participaron en la masacre del 7 de octubre. Para el Gobierno israelí, UNRWA está filtrada por el movimiento islamista en todos sus programas de ayuda, incluidos los médicos y educativos.

"Profunda preocupación"

En su comunicado, el Gobierno español vinculó ambas decisiones y advirtió de su impacto acumulativo sobre la población civil. "El Gobierno de España reitera su más profunda preocupación por el severo impacto que estas decisiones van a tener en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado", afirmó, al tiempo que urgió a Israel a revertir lo que calificó como "inaceptables decisiones".

El Ejecutivo destacó que las ONG afectadas cumplen un papel esencial sobre el terreno. "Son actores humanitarios fundamentales, que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de refugiados en Gaza, en Cisjordania y en toda la región de Oriente Medio", subraya el comunicado. España reafirmó además su compromiso y reconocimiento a la labor de las ONG humanitarias españolas e internacionales, a las que definió como "actores esenciales e insustituibles" que trabajan de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de la población palestina.

Finalmente, el Gobierno recordó las obligaciones legales de Israel frente a la población palestina. "El Gobierno de España recuerda la obligación legal del Gobierno de Israel de cumplir como potencia ocupante con el derecho internacional, en particular con la IV Convención de Ginebra y la protección de la población civil", indicó, así como de acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, incluidas las opiniones consultivas emitidas en julio de 2024 y en octubre de 2025 ▪