La Fiscalía española ha recibido una denuncia presentada por el Movimiento contra la Intolerancia (MCI) contra la plataforma Barcelonaz, un colectivo que se definía como "grupo de estudiantes, profesores y universitarios" y que difundía un "mapa de la economía sionista" en Barcelona y Cataluña. En él se señalaban empresas y negocios judíos, compañías israelíes con intereses en España y consorcios internacionales vinculados a Israel, identificándolos como parte de una supuesta "ideología sionista".

En entrevista con Enfoque Judío, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, explica por qué esta denuncia va mucho más allá de los casos habituales de incitación al odio. "No es solo incitación al odio, que es lo que todo el mundo dice: apuntamos dos dimensiones más", subraya, y detalla un enfoque jurídico que introduce por primera vez la presunta "organización criminal de carácter antisemita" y la "responsabilidad penal de la plataforma" que alojó el contenido, la francesa GoGoCarto.

Aunque la página web alojaba el mapa fue cerrada por GoGoCarto tras la publicación del caso por Enfoque Judío y una ola de denuncias de individuos y colectivos judíos que alertaron de su carácter antisemita y discriminatorio, la denuncia sigue adelante porque el delito ya ha sido cometido.

El mapa incluía, hasta su cierre, 152 objetivos señalados, lo que elevó la alarma por el potencial riesgo de violencia derivado de este tipo de iniciativas, más aún, porque entre ellos estaba el colegio judío de Barcelona, Hatikva.

Una denuncia penal con varias capas

"El dato a tener en consideración es que la denuncia la hacemos no solo por incitación al odio, sino que apuntamos dos dimensiones más", explica Ibarra. La primera es clara: "La posible organización criminal de carácter antisemita" porque, según el presidente del MCI, los propios responsables del mapa se definen como un "grupo de investigación", lo que a su juicio elimina cualquier duda sobre su carácter organizado. "Ellos mismos hablan de un grupo organizado, pues se están definiendo como una organización para la comisión de delitos, por lo tanto es una organización criminal", afirma.

La segunda dimensión señalada en la denuncia es la responsabilidad de la plataforma que alojó el mapa. "Apuntamos a la responsabilidad de la plataforma por albergar sin ningún tipo de control este tipo de mapas que son claramente delictivos", señala Ibarra, subrayando que no se trata de un hecho aislado sino de un problema estructural vinculado a la difusión digital del odio.

La denuncia, presentada por el MCI, ha sido depositada en la Fiscalía de delitos de odio en Madrid, en un procedimiento, explica Ibarra, que activa primero a la Fiscalía, que es la que debe decidir si abre diligencias, y posteriormente a las unidades policiales especializadas en criminalidad informática. "Se presenta la denuncia por los hechos; lo que tiene que hacer la Fiscalía es diligencia de investigación", precisa.

Plataformas extranjeras y jurisdicción española

Uno de los interrogantes habituales en este tipo de casos es la ubicación de las plataformas digitales. El mapa estaba alojado en una plataforma francesa, pero Ibarra descarta que eso suponga un obstáculo insalvable. "No es la primera vez que denunciamos hechos cometidos en España que se difunden en plataformas en Estados Unidos u otros países y han prosperado", recuerda.

Según explica, no se trata de que las autoridades españolas "operen" directamente sobre una plataforma extranjera, sino de una investigación criminal que puede identificar a los responsables mediante herramientas informáticas y cooperación internacional. "La Fiscalía tiene un departamento de criminalidad informática que instará a la policía a investigarlo, con todas sus herramientas, para clarificar quién está detrás", detalla.

Para Ibarra, archivar una denuncia de este calibre sería inaceptable. "Si la Fiscalía decide archivar, sería un escándalo", afirma con rotundidad. "La carga que lleva es dinamita: no es solo incitación al odio, es presunta organización criminal antisemita y responsabilidad de la plataforma".

Más allá del antisemitismo ‘clásico’

Ibarra insiste en que el caso desmonta la idea de que el antisemitismo vinculado al antisionismo sea un terreno jurídicamente difuso. "La denuncia es por antisemitismo", recalca, pero introduce lo que denomina una triple dimensión del delito: odio ideológico, odio religioso y discriminación por origen nacional. "El antisemitismo lo agrupa todo: lo religioso, lo étnico, lo ideológico", explica.

En este marco, rechaza que el antisionismo pueda funcionar como coartada. "Se creen que lo del antisionismo se pasa gratis", denuncia, pero puede ser un delito de odio por motivo ideológico. Para Ibarra, cuando se ataca a personas o entidades por su vinculación con Israel, se incurre en discriminación por origen nacional, una figura claramente tipificada en el Código Penal. "Es por ser israelí, como si fuera cubano. El origen nacional está mencionado en el Código Penal", subraya.

La denuncia recoge, según Ibarra, varios artículos clave del Código Penal, entre ellos los relativos a delitos de odio y a organización criminal, lo que sitúa el caso en una categoría muy distinta a las denuncias habituales. "Aquí estamos hablando ya de una organización criminal y de una responsabilidad derivada por albergar este tipo de hechos", insiste.

El riesgo del señalamiento

Más allá del plano jurídico, Ibarra alerta del contexto en el que surge este mapa. "Es un contexto de creciente antisemitismo que se está concretando incluso en atentados terroristas", afirma. Para él, el problema no es solo el discurso, sino el señalamiento sistemático. "Es estigmatización, es incitación al odio", resume.

Por eso rechaza la denominación neutra del mapa y propone llamarlo por su nombre: "Mapa de odio antisemita en Cataluña". La razón es simple: "Se ofrecen 152 objetivos de señalamiento donde cualquier fanático puede cometer una acción violenta o terrorista". En su análisis, el mapa no es una opinión, sino una infraestructura simbólica que facilita la violencia.

"¿Qué es lo que queda? Queda la ejecución", advierte Ibarra, recordando que el MCI lleva años alertando de que este tipo de dinámicas conducen a episodios de violencia real. El cierre de la página es un primer paso, pero no suficiente. "Los hechos están ahí", concluye, subrayando que la investigación penal es ahora imprescindible para depurar responsabilidades y evitar que el señalamiento se convierta en agresión ▪