España se ha sumado a otros once países en una declaración conjunta en la que condenan la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y anuncian su intención de introducir restricciones nacionales y/o apoyar restricciones europeas al comercio de productos procedentes de los asentamientos.
El comunicado se produce el mismo día en que el Reino Unido anunció un amplio paquete de sanciones contra los asentamientos, en uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre Londres e Israel.
La declaración está firmada por los ministros de Exteriores de España, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, que afirman que las acciones del Gobierno de Israel en Cisjordania están "socavando la posibilidad de una solución de dos Estados".
Los doce países expresan además su preocupación por lo que califican como niveles "sin precedentes" de violencia por parte de colonos y por la expansión de los asentamientos, incluyendo la decisión de publicar licitaciones para el proyecto de asentamiento E1, considerado por estos gobiernos contrario a la posibilidad de mantener una solución basada en dos Estados.
El comunicado señala que los países firmantes "confirman su intención de introducir restricciones nacionales y/o apoyar las restricciones europeas al comercio de productos procedentes de los asentamientos", o que están considerando activamente estas y otras medidas, de acuerdo con sus respectivos procedimientos nacionales.
El texto destaca específicamente las medidas que ya han adoptado Irlanda, España, los Países Bajos, Noruega y Bélgica, mientras que Reino Unido, Francia y Canadá anuncian que plantearán medidas nacionales para prohibir el comercio de productos procedentes de los asentamientos.
El anuncio británico eleva la tensión con Israel
La declaración colectiva se conoció después de que el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, que se declaró en un vídeo como "un judío orgulloso", anunciara en la Cámara de los Comunes un nuevo régimen de sanciones dirigido contra los asentamientos israelíes en Cisjordania. Londres prevé prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos, sancionar a empresas y personas que faciliten su expansión y rechazar determinadas licencias de exportación de armas y otros bienes que, según el Gobierno británico, contribuyan materialmente a la ocupación.
Miliband afirmó además que el Gobierno británico considera ilegal la "ocupación israelí de Cisjordania" y denunció lo que describió como una situación de violencia creciente por parte de colonos contra palestinos. El nuevo régimen de sanciones tendría que entrar en vigor en un plazo estimado de seis a nueve meses.
El ministro británico subrayó, no obstante, que las nuevas medidas no supondrían un boicot general a Israel y que el Reino Unido continuaría comerciando con el país dentro de la Línea Verde. También manifestó su oposición al movimiento BDS.
Israel responde con sanciones
La respuesta israelí fue inmediata. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó las acusaciones británicas de "mentiras escandalosas" y de "moralmente distorsionadas", y anunció varias contramedidas, entre ellas el cierre del consulado británico en Jerusalén que presta servicios a los palestinos.
Saar también anunció la retirada de representantes británicos de un centro internacional de apoyo a Gaza, el fin de las actividades británicas de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina y la prohibición de entrada en Israel a doce ciudadanos británicos, entre ellos once parlamentarios, a los que acusó de participar en actividades antisemitas o antiisraelíes.
Defensa de la solución de dos Estados
En su declaración conjunta, los doce gobiernos sostienen que "la solución de dos Estados debe protegerse" y expresan su oposición a las acciones que, según afirman, equivalen a una anexión de territorio palestino y al desplazamiento forzoso de población palestina.
Los firmantes reclaman al Gobierno de Israel que "detenga de inmediato la expansión de los asentamientos y de las competencias administrativas civiles", que garantice que se rindan cuentas por la violencia de los colonos y que investigue las denuncias contra las fuerzas israelíes.
Al mismo tiempo, el comunicado incluye una referencia expresa a la seguridad de Israel y al antisemitismo. Los gobiernos aseguran reconocer "los intereses legítimos de Israel en materia de seguridad" y reiteran su condena del atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre, que califican como "la peor masacre antisemita desde el Holocausto".
También declaran que su determinación de combatir el antisemitismo "dondequiera que se produzca" es firme y reiteran su compromiso con una solución de dos Estados que permita a Israel y un Estado palestino soberano, democrático y viable convivir en paz, seguridad y reconocimiento mutuo dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente ▪️