La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados ha dejado una imagen difícil de conciliar con sus declaraciones del pasado lunes en la Cadena SER. En aquella entrevista, el presidente del Gobierno afirmó que, después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta, se produjo "una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista". La acusación provocó una inmediata reacción del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las palabras de Sánchez de "mentira descarada".
Tres días después, ante el Parlamento, el presidente ha introducido una importante matización. Sánchez ha asegurado que ninguno de los informes de inteligencia disponibles ha podido determinar que detrás de la movilización existieran perfiles asociados a movimientos de protesta marroquíes ni tampoco a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel. "Ninguno, señorías, ha podido determinar", ha repetido, antes de añadir una cautela significativa: "Digo de momento porque es la información que disponemos hasta el momento".
El cambio de formulación no es menor. El lunes, Sánchez colocaba públicamente a Israel y Rusia dentro del relato de la desinformación generada tras la crisis. Este jueves, en cambio, ha dejado claro que los servicios de inteligencia españoles no han podido establecer una conexión entre esos Estados y la organización de la entrada masiva.
Una acusación que pierde precisión
La cuestión resulta especialmente relevante porque la declaración del lunes no se produjo en un contexto informal ni como una opinión política, sino en una entrevista en la que Sánchez habló expresamente de lo que, según él, "sabemos" sobre la crisis. El presidente, sin embargo, no identificó entonces ninguna organización israelí, cuenta concreta, institución, organismo estatal o estructura vinculada a Israel que hubiera participado en esa supuesta campaña.
Ahora, en el Congreso, Sánchez ha recurrido a una formulación diferente. Ha señalado que el Servicio Europeo de Acción Exterior había documentado la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a "ecosistemas informativos rusos y proisraelíes". Pero una cosa es constatar la existencia de contenidos difundidos por determinadas cuentas o ecosistemas digitales y otra muy distinta atribuir esa actividad a un Estado.
La diferencia es fundamental. La actividad de usuarios, influencers, grupos políticos o cuentas identificadas ideológicamente como proisraelíes no demuestra por sí misma una operación del Estado de Israel. Del mismo modo, la existencia de ecosistemas informativos rusos no equivale automáticamente a una intervención del Kremlin.
El propio Sánchez parece haber retrocedido ahora hasta esa distinción.
Existe además un elemento que el Gobierno no parece abordar: tras la entrada masiva en Ceuta se produjo una intensa campaña de contenidos y acusaciones contra Israel en redes sociales, en buena medida desde sectores políticos e influencers de izquierda, que presentaron al Estado judío como uno de los supuestos responsables de la crisis. La aparición posterior de contenidos de signo contrario, procedentes de cuentas o grupos proisraelíes, no constituye por sí misma una prueba de coordinación estatal. Confundir la respuesta de determinados actores digitales con una operación de un Gobierno sería aplicar un doble rasero a la hora de interpretar la actividad en redes.
Marruecos continúa fuera del relato de Moncloa
El otro gran elemento de continuidad en el discurso de Sánchez es Marruecos. Pese a la magnitud de la crisis —con unos 70.000 cruces registrados los días 30 y 31 de julio, según las cifras ofrecidas por el propio presidente—, el Gobierno sigue descartando que disponga de evidencias sólidas que permitan atribuir la operación a las autoridades marroquíes.
Sánchez ha insistido hoy en que los informes de inteligencia no han podido determinar la participación de Marruecos y ha defendido que la crisis fue consecuencia de "muchas causas" que terminaron retroalimentándose: la desigualdad económica, la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo, la difusión de bulos, las mafias dedicadas al tráfico de personas y la utilización política de la situación.
El presidente también ha restado importancia a los avisos previos de la Policía Nacional, calificándolos de informes "rutinarios" y diferenciando entre detectar un incremento de cruces a nado y prever una entrada masiva de decenas de miles de personas.
La cuestión, sin embargo, sigue abierta. Y el propio Sánchez ha anunciado que dará orden de publicar los informes existentes para que puedan ser examinados por los medios y la ciudadanía.
La contradicción también atraviesa al Gobierno
La comparecencia ha puesto además de manifiesto las diferencias existentes dentro del propio Ejecutivo. Mientras Sánchez ha rebajado expresamente la atribución de responsabilidades a Rusia e Israel, Sumar ha mantenido una acusación mucho más contundente, informó el medio eldiario.es.
Su portavoz adjunto, Enrique Santiago, ha afirmado que España sufrió "un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables" y ha sostenido que esa actuación se habría organizado "en coordinación con EEUU e Israel". Santiago ha rechazado expresamente la explicación basada en las mafias y ha defendido que la crisis fue una operación de desestabilización con objetivos políticos y geoestratégicos.
El contraste es significativo. Mientras el presidente del Gobierno afirma que sus servicios de inteligencia no han encontrado evidencias que vinculen a Israel con la organización de la crisis, uno de sus socios parlamentarios continúa presentando precisamente esa hipótesis como la explicación creíble de lo ocurrido ▪️