La decisión del cineasta israelí Nadav Lapid de retirarse como jurado del Festival Internacional de Cine de Marsella (FID), tras una campaña de presión que incluyó llamados al boicot, amenazas a patrocinadores y la retirada de una treintena de películas de la programación, ha abierto un debate que trasciende ampliamente a una persona o a un festival. Lo ocurrido en Francia revela una de las contradicciones más profundas que atraviesan hoy al mundo cultural occidental: la dificultad de distinguir entre la crítica legítima a un Estado y el rechazo a quienes pertenecen a él, no por ideología sino por su identidad nacional.
La controversia ha provocado la reacción de más de 350 figuras del cine internacional, entre ellas Natalie Portman, Jacques Audiard, Justine Triet, Michel Hazanavicius y Apichatpong Weerasethakul, que firmaron una carta publicada en Le Monde. En ella denuncian el "fracaso intelectual" que, a su juicio, representan las presiones ejercidas para excluir a Lapid del certamen.
La paradoja es evidente. Lapid no es precisamente una figura asociada a la derecha israelí ni un defensor de las políticas del gobierno de Biniamín Netanyahu. Por el contrario, gran parte de su reconocimiento internacional se debe a una obra marcada por la crítica a la sociedad israelí contemporánea y a las decisiones de sus gobiernos. Los propios firmantes de la carta recuerdan que se trata de un artista disidente que ha denunciado públicamente la destrucción causada en Gaza y que ha asumido riesgos personales y profesionales por sus posiciones.
Precisamente por ello, el caso resulta tan significativo. Si incluso un creador que ha cuestionado abiertamente a su propio país es considerado inaceptable por determinados sectores culturales, surge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿Qué es exactamente lo que están rechazando los que exigen su boicot? ¿No sería más lógico alentarle mediante su participación?
La respuesta que ofrecen muchos de los firmantes es que el problema ya no tiene que ver con las ideas del artista. En la carta sostienen que se está reduciendo al creador a su nacionalidad. Es decir, que el hecho de ser israelí termina pesando más que cualquier posición política que pueda defender. Y siendo el caso, ya no estaríamos hablando de una "condena" sino de un flagrante antisionismo, la nueva cara del antisemitismo en el siglo XXI por cuanto su único objetivo es negar el derecho a la autodeterminación del pueblo judío.
Además, el episodio resulta especialmente preocupante porque afecta a uno de los pilares tradicionales de la vida cultural democrática: la convicción de que las obras deben dialogar con otras obras y las ideas con otras ideas. Durante décadas, los espacios culturales occidentales se definieron precisamente por su capacidad para albergar desacuerdos, controversias y debates complejos. La legitimidad de un artista no dependía de la adhesión a una determinada ortodoxia política, sino de la calidad y relevancia de su trabajo.
La exclusión de Lapid parece cuestionar ese principio.
Tampoco se trata de negar que el boicot cultural pueda tener un lugar en determinadas circunstancias excepcionales. A lo largo del siglo XX fue utilizado contra regímenes que restringían libertades fundamentales, perseguían sistemáticamente a opositores o promovían sistemas abiertamente antidemocráticos. Precisamente por la gravedad de sus implicaciones, el boicot cultural ha sido considerado tradicionalmente una herramienta de último recurso, dirigida contra quienes justifican, promueven o representan proyectos incompatibles con los valores democráticos básicos. Aplicarlo de manera indiscriminada a creadores individuales de una sociedad plural plantea un problema diferente: sustituye el examen de las ideas por el juicio sobre la identidad.
Más aún, el caso plantea un problema que afecta directamente a Israel como sociedad democrática. Una de las características distintivas del país ha sido históricamente la existencia de un intenso debate interno sobre cuestiones políticas, militares y sociales. Cineastas, escritores, académicos y periodistas israelíes han producido algunas de las críticas más severas a las decisiones de sus propios gobiernos.
El caso resulta particularmente paradójico porque Israel, con todas las controversias que rodean a sus gobiernos y políticas, sigue siendo la única democracia consolidada de Oriente Medio y una sociedad caracterizada por una intensa disputa pública interna. En pocos países de la región existe un ecosistema comparable de cineastas, periodistas, académicos y artistas que cuestionen abiertamente a sus propias autoridades. Convertir en objeto de exclusión precisamente a quienes participan de ese debate democrático corre el riesgo de erosionar uno de los rasgos que distinguen a una sociedad abierta: la posibilidad de disentir.
Si esos espacios críticos dejan de ser reconocidos internacionalmente y sus representantes son rechazados independientemente de lo que piensen o digan, el mensaje que reciben es desalentador: sus posiciones ya no importan. El resultado puede ser el debilitamiento de uno de los sectores que más contribuyen al pluralismo y al cuestionamiento interno dentro de Israel.
Sin embargo, la cuestión tampoco debería formularse como una defensa exclusiva de los artistas israelíes críticos con su gobierno. Hacerlo conduciría a otra forma de discriminación igualmente problemática.
La libertad de expresión no puede convertirse en un privilegio reservado para quienes sostienen determinadas posiciones ideológicas. Si el principio que se defiende es la apertura del debate cultural, entonces debe aplicarse también a creadores israelíes que mantengan visiones distintas, incluso incómodas o impopulares para buena parte del mundo artístico europeo. Defender a Lapid porque critica al gobierno israelí, pero aceptar el veto contra otros artistas israelíes que sostengan posiciones diferentes, significaría abandonar el principio universal de libertad artística para reemplazarlo por un criterio de afinidad ideológica.
De lo contrario, la aceptación de un artista terminaría dependiendo de una especie de examen político previo. El problema dejaría de ser la nacionalidad para convertirse en la obligación de adherir a una narrativa concreta para obtener legitimidad cultural. Y una cultura que exige certificados ideológicos para participar deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un espacio de exclusión.
Por eso el caso Lapid resulta tan revelador. No porque él represente una postura determinada, sino porque demuestra los límites de una lógica que termina alcanzando incluso a quienes parecían quedar fuera de ella. Cuando ni siquiera un cineasta conocido internacionalmente por sus críticas a Israel logra escapar al rechazo por ser israelí, la explicación basada exclusivamente en las posiciones políticas comienza a perder fuerza.
Desde esta perspectiva, lo ocurrido en Marsella obliga a replantear una pregunta incómoda para el mundo cultural contemporáneo. Si la exclusión alcanza también a quienes cuestionan a su propio gobierno, ¿estamos realmente ante un debate sobre ideas políticas o ante un fenómeno que juzga a las personas por su origen?
La respuesta no es menor. Porque de ella depende la supervivencia de un principio que durante décadas definió a la cultura democrática: que la identidad de un artista no debe determinar el derecho de su voz a ser escuchada. Si el criterio para participar en la vida cultural internacional deja de ser lo que un creador hace, dice o produce, para pasar a ser simplemente el país del que procede, el boicot pierde su naturaleza política y moral para transformarse en una forma de exclusión identitaria.
El episodio de Marsella no demuestra únicamente la fragilidad de ciertos consensos culturales. También pone de manifiesto una contradicción difícil de ignorar: cuando incluso los israelíes que cuestionan a Israel son rechazados por el mero hecho de ser israelíes, resulta legítimo preguntarse si el objetivo sigue siendo una política concreta o si lo que está siendo sometido a sospecha es la propia identidad de quienes pertenecen al Estado judío. Esa es, quizás, la cuestión más inquietante que deja abierta el caso Nadav Lapid ▪