La intervención de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en la crisis estas últimas semanas en la Comunidad Judía de Alicante-Centro (CJAL) debería servir para algo más que para resolver una disputa electoral: Debería abrir un debate sobre el futuro de las comunidades judías en España.
Porque lo que está ocurriendo en Alicante no es únicamente el resultado de un enfrentamiento personal, de diferencias religiosas o de unas elecciones malogradas. Es, en buena medida, el reflejo de una realidad mucho más profunda y compleja: las comunidades judías españolas están cambiando y sus estructuras, en demasiadas ocasiones, no parecen estar preparadas para acompañar ese cambio.
España cuenta hoy con una población judía muy distinta a la de hace unas décadas. No parece estar compuesta por los 70.000 miembros que reivindica la FCJE desde el pasado verano, pero tampoco somos los 12.000-15.000 de hace 30 años que aún aparecen en algunos informes internacionales.
La migración, la llegada de nuevos perfiles religiosos y culturales y la aparición de generaciones que no tienen la misma relación con las instituciones que sus predecesores están transformando el mapa comunitario. Allí donde antes bastaba con preservar una estructura, ahora existe una demanda creciente de servicios religiosos, educativos, culturales y sociales, pero también de participación, transparencia y capacidad de elección. El 7-O y las demandas de seguridad también han tenido un impacto considerable en este fenómeno.
Y todo ello ocurre, además, en comunidades que muchas veces disponen de recursos económicos limitados y estructuras envejecidas. Alicante es un buen ejemplo. Una comunidad de apenas unas decenas de socios ha terminado enfrentada hasta el punto de que las elecciones tuvieron que suspenderse, la FCJE asumió temporalmente su gestión y un grupo de miembros decidió emprender un proyecto independiente, Or Atzilut. Mientras tanto, la Federación ha advertido incluso de la posibilidad de que la comunidad termine disolviéndose y su sede sea vendida.
Que esto pueda suceder en una comunidad tan pequeña debería preocuparnos mucho más que quién gane unas elecciones.
El problema no es Alicante: es el modelo
La primera lección que deja Alicante es la falta de liderazgo capaz de gestionar comunidades en transformación. No basta con conservar nominalmente una sinagoga, una junta directiva y unos estatutos redactados hace más de 20 años; y a veces más aún. Las comunidades actuales necesitan liderazgos capaces de integrar sensibilidades distintas, atraer a nuevos miembros, generar recursos y, sobre todo, evitar que las diferencias internas terminen convirtiéndose en guerras de trincheras.
La segunda cuestión es el papel de la FCJE. En Alicante, la intervención federativa fue solicitada por miembros de la propia comunidad y, por tanto, no puede calificarse de una imposición unilateral. La Federación bien hizo en actuar ante una situación de bloqueo y con el objetivo declarado de facilitar unas nuevas elecciones. Es razonable que una institución que ha contribuido económicamente a la adquisición de la sede y le haya dado cerca de 370.000 euros en los últimos años quiera evitar que la CJAL -o cualquiera otro de sus miembros- desaparezca.
Pero precisamente por eso conviene también establecer los límites.
La FCJE debería ser facilitadora hacia dentro y representante hacia fuera. Su papel natural debe consistir en ayudar a resolver bloqueos, ofrecer mecanismos de mediación cuando sean requeridos y garantizar la representación del judaísmo español ante las instituciones. No debería convertirse en una especie de dirección superior de las comunidades. A final de cuentas, no deja de ser eso: una "federación".
Cuando la Federación entra demasiado profundamente en la gestión cotidiana de una comunidad, aunque lo haga con buena voluntad, corre el riesgo de sustituir a las estructuras comunitarias en lugar de fortalecerlas. En algunos casos, de destruirlas sin siquiera quererlo.
Y aquí aparece una cuestión que trasciende a Alicante. El creciente intrusismo de la institución federativa en cuestiones rabínicas, cárnicas y las tensiones mantenidas durante el último año y medio con otras estructuras comunitarias -particularmente con la Comunidad Judía de Madrid-, deberían invitar a una reflexión sobre hasta dónde llega la representación federativa y dónde empieza la autonomía comunitaria.
Si una comunidad necesita ser dirigida permanentemente desde fuera, quizá el problema no sea solamente esa comunidad. Quizá haya que preguntarse si el modelo está funcionando.
Judíos de primera y de segunda
Alicante deja también al descubierto otra cuestión especialmente delicada: la existencia de diferentes categorías dentro del judaísmo organizado español.
Durante su intervención en Alicante, en una sesión informativa el pasado domingo 23, el presidente de la FCJE, David Obadía, reconoció con absoluta naturalidad un hecho harto conocido por todos: que dentro de la estructura federativa existen comunidades con "voz y voto" y otras entidades que tienen "voz, pero no voto". Y eso sin mencionar que hay otra decena, o quincena, que ni siquiera están entre esas categoría. Sencillamente como si no estuvieran.
La propia formulación debería hacernos reflexionar. Porque, trasladada a un lenguaje menos burocrático, esa distinción corre el riesgo de convertirse en una división entre judíos de primera y judíos de segunda. El propio presidente de la FCJE reconoció además que la diferencia tiene consecuencias económicas: las entidades de pleno derecho participan en el reparto de los recursos federativos, mientras que las demás, según sus palabras, "también se benefician, se les ayuda, pero no se benefician de lo que hay económicamente en la Federación".
Puede existir una justificación estatutaria para esa diferencia. Pero una cosa es que exista una distinción jurídica y otra que termine consolidándose una percepción de judíos Clase A y judíos Clase B. Y esa percepción resulta especialmente problemática en un judaísmo español que está creciendo y diversificándose.
Lo mismo ocurre con la fragmentación territorial. Que Alicante pueda terminar teniendo tres proyectos comunitarios, o que ciudades como Valencia mantengan hasta cuatro o cinco estructuras separadas, debería hacer saltar alguna alarma. No tiene demasiado sentido multiplicar sinagogas, juntas directivas, gastos y estructuras administrativas en ciudades donde la población judía es relativamente reducida, apenas unos cientos.
La diversidad religiosa es legítima. La pluralidad también. Pero pluralidad no debería significar necesariamente fragmentación institucional.
El desafío consiste precisamente en encontrar fórmulas que permitan convivir a diferentes sensibilidades bajo estructuras modernas, flexibles y económicamente sostenibles. Comunidades con varias corrientes, servicios compartidos, espacios comunes y autonomía para desarrollar actividades específicas pueden ser mucho más viables que pequeñas instituciones enfrentadas entre sí por el control de un local o de una junta directiva.
Alicante, por tanto, debería ser una oportunidad. No para decidir quién ganó una batalla, sino para preguntarnos qué comunidad judía queremos construir en España durante las próximas décadas.
Quizá haya llegado el momento de abandonar definitivamente determinados modelos heredados de las antiguas juderías, basados en pequeños grupos estables, liderazgos personalistas y estructuras cerradas sobre sí mismas. El judaísmo español contemporáneo necesita algo diferente: instituciones abiertas, profesionales, transparentes y capaces de integrar la diversidad sin convertirla en división.
Porque si una comunidad de treinta socios necesita una estructura de poder capaz de enfrentarlos hasta poner en riesgo su propia supervivencia, el problema no está solamente en las personas. Está en el modelo. Y Alicante puede ser, si sabemos leerlo, el ejemplo que nos obligue a cambiarlo.
Madrid a elecciones
El próximo jueves 3 de septiembre, la Comunidad Judía de Madrid elegirá a su nueva dirección. Quienes asuman entonces esa responsabilidad deberían mirar también hacia Alicante. No porque ambas comunidades sean comparables en tamaño o recursos, sino porque los problemas de fondo —liderazgo, participación, diversidad, renovación y adaptación— pueden terminar siendo comunes.
Madrid tiene ante sí una comunidad mucho más grande y compleja, pero también una oportunidad para anticiparse a los problemas que en Alicante ya han aflorado. Las nuevas generaciones, la llegada de nuevos perfiles y la diversidad de sensibilidades religiosas exigen instituciones más abiertas, participativas y flexibles, capaces de integrar las diferencias sin convertirlas en fracturas.
Alicante debería servir, por tanto, como una advertencia para quienes tomen las riendas de Madrid: las comunidades que no se adaptan a los cambios de su propia sociedad terminan pagando un precio demasiado alto. El reto no será únicamente administrar lo que existe, sino construir un modelo comunitario preparado no para el judaísmo español de ayer, sino para el de las próximas décadas ▪️