El Informe sobre delitos e incidentes de odio en España, presentado esta semana por el Ministerio del Interior, merece una valoración positiva. No porque las cifras sean buenas —todo lo contrario— sino porque reflejan una realidad que durante demasiado tiempo permaneció invisibilizada. El racismo, la discriminación, la cancelación del otro… Entre todas sus categorías y grupos, se incluye también -por separado- el antisemitismo.
Que los incidentes y delitos antisemitas registrados hayan aumentado un 86,5% durante 2025 es un dato inquietante. Pero también es la constatación de que España dispone hoy de mejores herramientas para detectar, registrar y perseguir una parte de este fenómeno. La existencia de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, los sucesivos planes de acción impulsados por el Ministerio del Interior y la creciente especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad constituyen avances reales que deben ser reconocidos.
Durante años, la comunidad judía española reclamó precisamente eso: que el antisemitismo dejara de ser tratado como una cuestión marginal y pasara a formar parte de las prioridades de las políticas públicas. Hoy existen estadísticas, protocolos, formación específica y una mayor sensibilidad institucional. Eso es una buena noticia.
Pero sería un grave error confundir el progreso con la solución. El camino es un largo y pedregoso.
Porque el informe también pone de manifiesto los límites de una estrategia centrada exclusivamente en la dimensión penal del problema. Los delitos son la consecuencia final. Son el último eslabón de una cadena mucho más larga que comienza mucho antes. Y si queremos comprender lo que está ocurriendo con el antisemitismo en España y en Europa, debemos prestar atención a esa cadena completa.
El antisemitismo no nace en una agresión. No nace en una amenaza. No nace siquiera en una denuncia policial. El antisemitismo nace cuando determinadas ideas empiezan a normalizarse.
Nace cuando se acepta que los judíos constituyen un colectivo sospechoso. Nace cuando se presenta al Estado de Israel como una entidad ilegítima cuya mera existencia debe ser cuestionada. Nace cuando se atribuyen responsabilidades colectivas a ciudadanos judíos por decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros de distancia. Nace cuando se recuperan viejos estereotipos bajo nuevos lenguajes aparentemente aceptables.
Y precisamente ahí es donde las estadísticas oficiales encuentran sus límites.
Los informes policiales pueden contabilizar amenazas, agresiones o actos de discriminación. Lo que no pueden medir adecuadamente es el ecosistema cultural, mediático y social que permite que esos comportamientos aparezcan. Y ni siquiera puede contabilizar el verdadero alcance del problema porque éste se esconde detrás del falso escudo de la libertad de expresión.
Más allá de los factores éticos y políticos -había también adoctrinamiento ideológico de menores en un marco escolar-, la polémica obra de teatro infantil en un colegio de Madrid apoyando supuestamente a la causa palestina con una escenografía de niños armados y encapuchados no es libertad de expresión: Es apología del terrorismo más cruel.
Y es que desde el 7 de octubre de 2023 asistimos a un fenómeno especialmente preocupante. Bajo la legítima crítica a las acciones del Gobierno israelí se ha desarrollado en numerosos espacios -demasiados- una campaña de deslegitimación mucho más amplia, dirigida no contra una política concreta sino contra la propia existencia de Israel como expresión de la autodeterminación nacional del pueblo judío.
La diferencia no es menor. Criticar a un gobierno es legítimo. Discutir decisiones militares es legítimo. Debatir sobre el conflicto de Oriente Medio es legítimo. Negar al pueblo judío el derecho que se reconoce a cualquier otro pueblo no lo es.
Y sin embargo esa frontera se ha ido difuminando peligrosamente en ámbitos académicos, políticos, mediáticos y sociales. Sobra decir que también gubernamentales e institucionales.
Se han normalizado discursos que hace apenas unos años habrían sido considerados inaceptables. Se han celebrado actos de señalamiento público. Se han promovido campañas de boicot que no distinguen entre ciudadanos, instituciones, empresas o expresiones culturales israelíes. Se han difundido narrativas que presentan a Israel como una entidad excepcionalmente maligna dentro del concierto internacional.
El problema no es únicamente que esos discursos existan. El problema es que una parte creciente de la sociedad ha dejado de percibirlos como problemáticos. Porque cuando una sociedad deja de reconocer determinadas expresiones de odio como formas de odio, la capacidad de combatirlas se reduce drásticamente. Y los incidentes físicos acaban replicándose. Constatar que existen es un primer paso, e importante, pero no son la solución.
La batalla contra el antisemitismo no puede librarse únicamente en comisarías y tribunales. Debe librarse también en las aulas. Debe librarse en las universidades. Debe librarse en los medios de comunicación. Debe librarse en las redes sociales. Debe librarse en los espacios de formación de periodistas, profesores, funcionarios y líderes de opinión.
La definición de antisemitismo de la IHRA ha supuesto un avance importante precisamente porque ayuda a identificar formas contemporáneas de antisemitismo que no siempre se presentan bajo los viejos códigos del odio racial o religioso. Pero una definición, por sí sola, no transforma una cultura.
Hace falta pedagogía. Hace falta formación. Hace falta voluntad de comprender cómo operan los prejuicios en el siglo XXI. Y hace falta valentía para señalar que determinadas narrativas contribuyen a crear un clima social hostil aunque no constituyan todavía un delito.
Si algo enseña la historia del antisemitismo es que la violencia rara vez aparece de forma espontánea. Antes de la agresión física suele existir una agresión moral. Antes de la exclusión legal suele existir una exclusión simbólica. Antes del ataque suele existir una narrativa que lo justifica.
Por eso las cifras del Ministerio del Interior son importantes. Porque nos muestran dónde estamos. Pero son igual de importantes las preguntas que esas cifras no pueden responder:
-¿Qué discursos están alimentando ese crecimiento?
-¿Qué mensajes están llegando a los jóvenes?
-¿Qué papel desempeñan las redes sociales?
-¿Qué responsabilidad tienen determinados medios y determinados líderes políticos en la construcción de un clima de hostilidad?
-Y, sobre todo, ¿qué estamos haciendo para impedir que la próxima generación considere normal aquello que hoy todavía nos escandaliza?
España necesita seguir mejorando la persecución de los delitos antisemitas. Necesita más denuncias, más formación policial, más coordinación institucional y una actuación más decidida frente a quienes cruzan las líneas legales.
Pero necesita también algo más profundo. Necesita reconstruir una cultura democrática capaz de reconocer el antisemitismo antes de que se convierta en delito. Porque cuando el odio llega a los tribunales, la sociedad ya ha fracasado en una parte esencial de su tarea.
La prevención empieza mucho antes. Empieza allí donde se forman las ideas, donde se construyen los relatos y donde se decide qué prejuicios estamos dispuestos a tolerar y cuáles no. Es allí donde se encuentra hoy el verdadero desafío ▪