El cese de la embajadora de España en Israel, Ana Sálomon, decidido por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es una medida diplomáticamente legítima si se entiende como un gesto de reciprocidad, dado que Israel no tiene embajador en Madrid desde hace casi dos años.

Sin embargo, la controversia no gira tanto en torno a la decisión como al relato que pretende vendernos el Gobierno, que insiste en presentar una postura claramente hostil hacia Israel como un intento de mantener relaciones lo más normales posible.

Esa narrativa resulta difícil de sostener tras dos años de creciente confrontación diplomática. Las iniciativas contra Israel en foros internacionales, las sanciones aprobadas por Sánchez en el Real Decreto de octubre, y la retórica política mutua han deteriorado profundamente una relación entre Gobiernos que hoy se encuentra prácticamente congelada.